El gobierno de La Pampa elevará una queja formal ante la Nación por "discriminación" por no haber sido incluida en el decreto presidencial que prorrogó la promoción industrial a cuatro provincias y advirtió que analizará la presentación de una eventual demanda judicial. La situación vuelve a distanciar al kirchnerismo del peronismo pampeano, luego que el ex gobernador Carlos Verna se convirtiera en la "llave" para que el gobierno K pueda usar el dinero de las reservas a través de una ley y no de un decreto , áspera situación que terminó con Martín Redrado en el BCRA y estuvo a punto de desatar un escándalo institucional.
El ministro de la Producción pampeano, Abelardo Ferrán, explicó que la nota constituye el paso previo para una demanda judicial, en caso de que el gobierno nacional "no revea la medida". La Pampa se sumará así un nuevo capítulo a la pulseada que originó el decreto 699 firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a principios de junio y que benefició con la prórroga de la ley de promoción industrial a las provincias de San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca.
La norma prorrogó los beneficios fiscales por 15 años a las empresas radicadas en esas provincias y fue también duramente objetada por el gobierno de Mendoza. Ferrán cuestionó la medida al fundamentar que esa "situación genera ventajas comparativas en función de las que no cuentan con tales beneficios como La Pampa".
Al respecto, señaló que el perjuicio más grande se padecerá en la Zona Franca de General Pico, la cual "es la única en el país que puede comercializar lo que produce en el mercado argentino". Según explicó, a eso se suma los pedidos de promoción por los que la provincia "pidió inversiones por 110 millones de pesos por emprendimientos agroindustriales con participación de empresarios pampeanos en su mayoría".
El gobernador Oscar Jorge (PJ), la semana pasada ya había expresado su desacuerdo con el decreto, al advertir que La Pampa "ha tenido siempre una posición muy firme y por eso (ha) dado instrucciones al fiscal de Estado para que evalué el reclamo y, en caso de no encontrar respuestas, se iniciarán acciones judiciales, como ya lo hicimos en otro momento".
En la década del '90, La Pampa a través del ex gobernador Rubén Marín, inició un juicio a la Nación ante la Corte Suprema y finalmente acordó un resarcimiento de 500 millones. La pr órroga de la ley de promoción industrial hasta el 2025 fue especialmente criticada por la provincia de Mendoza, que busca impugnar la normativa aludiendo un grave perjuicio económico al desalentar inversiones en su distrito, que se vuelcan a la provincia de San Juan.
A su vez, diputados mendocinos repudiaron declaraciones del gobernador sanjuanino referidas a la Promoción Industrial, José Luis Gioja. Ante esta situación, Gioja envió una carta a la Cámara de Diputados de Mendoza en la que le pidió a los legisladores que no se "dejen influenciar" por quienes agitan turbulencias entre las provincias.
Gioja dijo que daba así su respuesta a " improperios supuestamente vertidos" por su persona y remarcó que tiene "un estilo, modales, lenguaje y manera de expresar en ocasiones. Pero jamás voy a ofender a nadie, mucho menos al pueblo de Mendoza, como se pretende deslizar".
Fuente: DyN.
