Este aparente dilema ha vuelto a escena con el ascenso de partidos populistas de ultraderecha, muchos de cuyos líderes afirman con descaro que ellos son los verdaderos defensores de la democracia. Pero contra lo que pueden decir algunos comentaristas, la paradoja tiene solución. Piénsese en el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD). La amenaza que plantea al orden constitucional alemán da buenos motivos para su prohibición lisa y llana.
En la década de 1930, el exiliado judío alemán Karl Loewenstein fue uno de los primeros en sostener que las democracias deben restringir los derechos fundamentales de quienes ponen las herramientas de la democracia al servicio de objetivos autoritarios. Ante el ascenso supuestamente imparable de los partidos fascistas, Loewenstein exhortó a las democracias a «combatir el fuego con el fuego».
Incluso entonces, se comprendía que el hecho de que una democracia apele a conductas prima facie antidemocráticas puede resultar autodestructivo. Sin embargo, la idea se retomó en el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial y se le dio carácter operativo en la constitución de Alemania occidental. El Tribunal Constitucional Federal de Alemania la aplicó con la prohibición de un partido sucesor de los nazis, y después con la del Partido Comunista Alemán en los años cincuenta.
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Más cerca en el tiempo, el mismo tribunal rechazó un intento de ilegalizar la minúscula fuerza neonazi Partido Democrático Nacional (NPD, luego rebautizado Die Heimat), sobre la base de que no tenía posibilidades reales de llegar al poder. Pero el tribunal sugirió que los legisladores enmendaran la constitución para prohibir al Estado financiar a partidos oficialmente designados como hostiles a la democracia, enmienda que más tarde se realizó.
A diferencia del NPD, es muy posible que este año AfD forme gobierno en uno de los estados orientales de Alemania. En previsión de esta posibilidad, un muy prestigioso equipo de especialistas publicó hace poco un voluminoso informe respecto de una eventual prohibición por parte del Tribunal Constitucional. Los autores analizaron no solamente los programas políticos oficiales de AfD sino también un largo historial de declaraciones de sus líderes y seguidores (entre ellas, 2,9 millones de publicaciones en redes sociales).
Los juristas que evaluaron el informe han tenido una opinión general positiva respecto de su rigor, aunque algunos duden de que las políticas discriminatorias que propone AfD cumplan los criterios legales mínimos para considerarlas una amenaza contra la dignidad de las personas. Pero el panorama político es más complicado que el jurídico. Muchos comentaristas temen que prohibir un partido que puede obtener hasta el 40 % de los votos en un estado oriental (y que en la actualidad lidera las encuestas nacionales) implique excluir del proceso político a un sector importante de la ciudadanía, y advierten de que la prohibición puede generar desilusión con la democracia en muchos votantes y dar a la ultraderecha ocasión para victimizarse.
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Pero estos temores son exagerados. La cantidad de votantes importa; pero si a un partido no se lo prohíbe porque no es lo bastante grande para llegar al poder, con más razón hay que prohibir otro que sí lo es. Obviamente, cuanto más grande sea un partido antidemocrático, mayor la amenaza que plantea a la democracia.
Y el costo de la prohibición no es necesariamente mayor. Es verdad que algunos ciudadanos tal vez se sientan excluidos. Pero eso sucederá siempre. La democracia no es una utopía donde se cumplen los deseos de todos. Para que algunos objetivos políticos ganen, otros tienen que perder. Y a veces, el programa deseado de algunos se tiene que prohibir para sostener los compromisos fundamentales de la comunidad política con la democracia, el Estado de derecho y la dignidad de las personas. El imperativo más importante es la continuidad en el tiempo de una competencia política libre y justa.
Se podrá decir que si un gobierno de ultraderecha aprobara leyes contrarias a la igualdad de ciertas minorías, los tribunales las anularían. Pero hasta que eso ocurra habrá gente que sufra, e incluso el hecho de permitir a un partido propugnar abiertamente objetivos antidemocráticos deteriorará la política del país, al enviar a la ciudadanía una señal de que esos objetivos tal vez sean aceptables.
El temor a que figuras de ultraderecha se arroguen la condición de mártires también es errado, porque los populistas de ultraderecha ya lo están haciendo. Su estrategia de manual consiste en persuadir a la ciudadanía de que son los únicos que plantan cara al poder y que el malvado aparato estatal los reprime.
Basta oír a Marine Le Pen en Francia o a Nigel Farage en el Reino Unido. Aunque participan en la competencia política con total libertad (a pesar de sus aparentes violaciones de normas fundamentales), se presentan como víctimas de oscuros manejos de las élites.
Pero queda todavía una objeción más seria. Si la acusación contra la ultraderecha es que quiere negar representación política a determinadas personas o manipular la competencia democrática (otro argumento que se presenta contra AfD), es verdad que parece paradójico el hecho de que la defensa de la democracia pueda exigir la exclusión de un partido.
Pero este argumento también pasa por alto un detalle crucial. La ultraderecha en general rechaza el proceso básico de negociación democrática que todos los demás partidos han aceptado. La democracia depende de que todas las partes acepten dejarse gobernar por quien gane las elecciones, pero muchos líderes de ultraderecha han dejado claro que no respetarán este acuerdo. Quieren poder ilimitado, y no se someterán al gobierno de un aparato estatal supuestamente corrupto o de representantes de minorías a las que no consideran parte del «pueblo real».
No es una mera especulación. Las figuras de ultraderecha que llegan al poder (desde Viktor Orbán en Hungría y Jarosław Kaczyński en Polonia hasta Donald Trump en los Estados Unidos) han procurado una y otra vez inclinar a su favor un campo de juego que debe ser parejo. Dadle a un partido de ultraderecha tiempo y poder suficientes y es probable que surja un sistema de «autocracia competitiva», en el que todavía se celebran elecciones, pero ya no son justas.
Por eso es un error decir que se está aplicando una doble vara a demócratas y autócratas. Uno de los dos lados quiere preservar la competencia política, el otro quiere eliminarla para siempre.
Jan-Werner Mueller es profesor de Política en la Universidad de Princeton y autor de Street, Palace, Square: The Architecture of Democratic Spaces (que será publicado por Penguin Books en 2026).
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