El fraude fiscal del que se acusa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se relaciona con las comisiones de casi dos millones de euros que recibió por su participación en la intermediación de la compraventa de material sanitario durante la pandemia de COVID-19, según publicó eldiario.es. Este caso fue objeto de una investigación de la Agencia Tributaria durante dos años, lo que llevó a una denuncia por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid. Según los hallazgos, González Amador y otras cuatro personas habrían defraudado un total de 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021, utilizando facturas falsas y sociedades ficticias.
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La investigación revela que la firma Maxwell Cremona SL, propiedad exclusiva de Alberto González, generó ingresos de 2,33 millones de euros en 2020, de los cuales casi el 85 %, es decir, 1.973.000 euros, provinieron de una única transacción: un contrato de intermediación para la empresa española FCS en la venta de productos sanitarios como guantes y barbijos para combatir el coronavirus.
De acuerdo con los registros contables presentados ante Hacienda, FCS Select Products efectuó dos pagos a la empresa de la pareja de Ayuso, ascendiendo a un total de 1.973.000 euros. Estos pagos correspondieron a comisiones por la intermediación en la venta de material sanitario a la empresa Mape Asesores, por un valor total de 42 millones de euros.
Después de esa transacción, González Amador adquirió un departamento en Madrid por más de un millón de euros, donde actualmente reside con Ayuso. La presidenta de la Comunidad Madrid afirma que todo esto forma parte de una campaña en su contra y contra su familia.
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Es de público conocimiento que Ayuso está en conflicto con el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, quien intensificó sus críticas después de dos semanas defendiéndose por otra controversia de corrupción relacionada con la venta de barbijos, conocida como el 'caso Koldo'. El hecho recibió ese nombre debido al asesor de un ministro socialista que presuntamente intercedió a favor de ciertas empresas, que luego le recompensaron con sumas considerables de dinero.
En un debate parlamentario tenso y marcado por graves acusaciones personales, Sánchez solicitó hoy al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que la presidenta de la Comunidad de Madrid presente su dimisión. "Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid", se lo escuchó decir al mandatario. Esta situación aumentó la tensión, especialmente cuando la ciudadanía observa día a día cómo muchas personas se beneficiaron en España a expensas de la pandemia.
La reacción de Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid declaró que la denuncia de la Fiscalía proviene de una "inspección fiscal a un ciudadano no relacionado con la Comunidad de Madrid". También señaló que esto forma parte de lo que estuvo experimentando durante los últimos cinco años y afirmó que estaba al tanto de la inspección de Hacienda, anticipando que intentarían crear una "trama", cuya existencia niega.
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La líder popular acusó a la Moncloa como responsable de buscar amplificar el caso, afirmando que "desde el principio están llamando a las televisiones pidiendo más atención". También sostuvo que su pareja no está siendo tratada de manera "normal" y que sus datos están siendo compartidos en las redacciones. Posteriormente, en una publicación en su cuenta de la red social X (antes, Twitter), agregó: "La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue Directora General en el Ministerio de Justicia con Zapatero".
Desde su partido, sin embargo, se indicó que será la pareja de Díaz Ayuso quien deba responder ante Hacienda. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dejó en claro además que Isabel Díaz Ayuso no está siendo investigada, y el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, consideró que es "evidente" que hay una "cacería" desde el Gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid para desviar la atención del caso Koldo.
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