El caso de Abigail Jiménez, la nena que tuvo que pasar la frontera de Santiago del Estero a pie, expuso una gran cantidad de casos de abuso institucional con la excusa de la pandemia. Hubo cientos de casos antes y una decena después de este hecho que fue la gota que rebalsó el vaso. Formosa, Chaco y Santiago del Estero son las provincias con mayor cantidad de denuncias.
Los casos de violencia institucional en Santiago del Estero son cientos y, gracias a la viralización del vídeo de Abigail, quedaron al descubierto. El gobernador Gerardo Zamora tuvo que pedir disculpas de manera pública pero los excesos policiales venían de antes.
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“Creo que más allá de la investigación interna por lo que haya ocurrido, hubo una sucesión de hechos y errores del Estado por lo cual me responsabilizo”, aseguró el gobernador de Santiago del Estero, quien luego completó: “Hemos fallado en controlar la salud de los habitantes”.
En la localidad de Bandera, cerca del límite entre Santiago del Estero y Santa Fe, se repiten las historias como las de Abigail. Alejandro, quien prefiere mantener su apellido en reserva, padece el mal de Parkinson y realiza su tratamiento en Rosario. A raíz de esto, tuvo que esperar 10 horas al costado de la ruta hasta conseguir el ingreso a su provincia. Hugo, un empresario de Santiago del Estero, llevaba a su esposa a tratar por cáncer a Rosario. Terminó en la comisaría tras esperar 5 horas sin poder salir.
Hay más de 500 denuncias por violaciones de los derechos humanos en varias provincias a raíz de la cuarentena
A Facundo Quiroga lo detuvieron mientras regresaba a su casa tras pasarse 2 minutos de las 22 horas, horario en el que empieza el toque de queda. En Añatuya, una joven murió tras chocar su moto mientras escapaba de la policía por no tener el permiso correspondiente. Su muerte provocó una pueblada en esa localidad de Santiago del Estero.
Hay más de 500 denuncias por violaciones de los derechos humanos en varias provincias a raíz de la cuarentena. Karina Banfi, diputada de Juntos por el Cambio, registró 21 muertes por violencia institucional. “Es importante que la comisión de derechos humanos esté habilitada permanentemente para tratar estos temas”, aseguró la diputada.
