Argentina, lo hemos dicho ya varias veces en esta columna, tiene claramente un problema de descalce entre el ingreso familiar y el precio de la inflación general y en particular alimentos y bebidas. De hecho, los sueldos han evolucionado de integrar anualmente en torno al 32 por ciento, las jubilaciones y pensiones van a haber aumentado en marzo 35,5 por ciento, pero se prevé una inflación anual de 42 puntos en términos de alimentos y bebidas.
En este contexto, hay tanto desfasaje que se produce el paro agropecuario como respuesta a la suspensión por 60 días a las exportaciones de maíz. Es absolutamente lógica la medida del gobierno. Imaginemos que Argentina consume lo que exporta el maíz es fundamental para el alimento de porcino o el alimento de ovinos, el huevos, de pollos y de pan. O sea alimentos esenciales en la canasta básica de los argentinos están vinculados al precio del maíz.
¿Qué ha pasado con el precio a nivel internacional? Ha aumentado más del 100 por ciento entre junio y diciembre. Pasó de 9 mil pesos la tonelada a 19 mil. Si ese aumento notable se trasladara al precio doméstico sin ningún desfasaje, sin ningún mecanismo de regulación. Evidentemente la canasta aumentaría por lo menos 15 puntos más de estos 42 por ciento que está aumentando en el año. Sería imposible de acceder para la mayoría de las familias argentinas, en especial un país que tiene hoy 47 puntos de pobreza por ingresos.
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Por lo tanto, la medida del Gobierno de suspender las exportaciones de maíz y tratar de buscar mecanismos regulatorios para que el precio internacional no impacte en el mercado doméstico de manera plena es de una racionalidad de hierro, absolutamente indiscutible. Y cualquier gobierno que tenga responsabilidad en el precio de los alimentos domésticos debería tomarla.
En este sentido, no se entiende la reacción de los sectores vinculados a los exportadores de granos, porque no es que el gobierno impidió la venta de granos, la pueden vender en el mercado doméstico. Simplemente suspendió por 60 días la exportación para tratar de buscar un mecanismo regulatorio que no prenda fuego el precio de los alimentos en Argentina.
Esto da que pensar que en realidad es un paro político y están más vinculados a los intereses opositores, que a la cuestión empresaria estricta y al marco de racionalidad que tiene que existir entre el diálogo entre el gobierno y un sector, en este caso los exportadores de granos. Me parece que en este sentido, la Mesa de Enlace está actuando más como pauta política de Cambiemos que como una entidad representante de intereses sectoriales.
El tiempo, dirá quién tiene razón en esto. Pero Argentina, de hecho, no puede tolerar un aumento de la canasta básica alimentaria como la que implicaría trasladar plenamente el precio internacional al mercado doméstico.
