Un grupo integrado mayormente por mujeres fue detenido en la provincia de Córdoba, acusado de utilizar certificados médicos falsificados para ingresar objetos prohibidos en el interior del Complejo Carcelario Bouwer.
Según trascendió, las sospechosas presentaban documentación apócrifa que decía que estaban atravesando embarazos o enfermedades graves como método para sortear los controles habituales de seguridad. De esta manera, lograban facilitar el ingreso de teléfonos celulares, dinero en efectivo y sustancias prohibidas durante las visitas a personas privadas de su libertad.
Durante estos procedimientos se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, CPU, más de 2 millones de pesos en efectivo, recetarios, sellos profesionales y formularios médicos apócrifos, según explicaron fuentes del caso.
Además, durante los allanamientos se encontraron sellos médicos originales y adulterados, copias de recetas y certificados, así como dispositivos electrónicos que serán peritados para identificar eventuales cómplices internos o externos. Los peritajes sobre los materiales incautados podrían aportar más datos acerca de la cadena de complicidad y de la magnitud del circuito ilegal.
El mecanismo detectado por los investigadores se basaba en la presentación de certificados médicos apócrifos que señalaban embarazos avanzados o padecimientos oncológicos inexistentes. Esa documentación otorgaba a las acusadas la posibilidad de evitar los controles corporales con el body scanner, el principal sistema de control aplicado por el Servicio Penitenciario de Córdoba para reducir el riesgo de ingresos irregulares. De ese modo, los objetos prohibidos eran ocultados y traspasados a los internos sin ser advertidos por el personal penitenciario.
En el marco de la causa, que dirige la Fiscalía de Instrucción del Distrito 11 —bajo la conducción de José Mana—, se dispusieron medidas procesales contra las principales sospechosas. Como parte del operativo, las autoridades alcanzaron sectores específicos del Complejo Carcelario Bouwer y del Establecimiento Penitenciario N.º 9 (ex UCA) donde se realizaron inspecciones y decomisos.
