La regulación de las actividades económicas es uno de los capítulos centrales en la implementación de la política económica. En el caso de los servicios de salud es clave instrumentar un sistema que tenga como objetivo la equidad además de otros fines tradicionales de la asistencia sanitaria.
Como sabemos, de modo esquemático reciben servicios de salud los que concurren a los hospitales, los atendidos por obras sociales y los que optan por la cobertura de prepaga. Dentro del sistema de salud, las empresas prepagas son el único subsistema que carece de regulación y control alguno.
Tanto las obras sociales como el sistema público están reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación, respectivamente.
La necesidad de impulsar una ley que regule al sector obedece en que las prepagas cuentan con más de tres millones de afiliados aproximadamente y significan casi cuatro mil millones de pesos anuales.
Hasta la fecha, el Estado carece de elementos básicos como un registro de las empresas, donde figure, entre otros datos, el nombre, los accionistas de las compañías y su patrimonio. A su vez, solo se establece para las mismas la obligación de cumplir con el Plan Médico Obligatorio (PMO) y no se determina cuáles son las condiciones bajo las que deben prestar los servicios.
El proyecto de ley impulsado, desde mediados de 2006 por un grupo de legisladores establece un conjunto de parámetros que deben cumplir las empresas de medicina prepaga, tanto en el alcance de su cobertura como en la calidad de las prestaciones. Otro punto del proyecto, que cobra significativa importancia en la actualidad, es que cualquier aumento de las cuotas que cobran las prepagas debería ser previamente autorizado por una comisión, constituida por la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Economía, la cual controlaría el cumplimiento de la norma.
Los puntos principales del proyecto son: Establecer la regulación de las empresas de medicina prepaga. La autoridad de aplicación de la norma será una comisión creada, entre otras cosas, para articular las condiciones financieras que deben cumplir las empresas. Se debería crear un registro de empresas de medicina prepaga.
Las cuotas mensuales y sus modificaciones deberán ser aprobadas por la comisión, la que tendría a su cargo establecer las variables correspondientes a las estructuras de costos y sus variaciones cuantitativas según planes y programas. El usuario que hubiera pertenecido a una empresa de medicina prepaga por contratación grupal o corporativa y hubiera cesado su vínculo con la empresa que realizó el contrato con la entidad médica, deberá ser admitido, si lo solicita, en alguno de los planes de esa prepaga reconociéndose la antigüedad.
Las mutuales y cooperativas no estarían incluidas en los alcances de la ley, excepto en los casos en los que presten servicios de medicina prepaga a terceros que no sean socios. Asegura a los usuarios la continuidad de la cobertura ante la quiebra de la empresa. El proyecto a grandes rasgos parece presentar beneficios para todos los sectores involucrados.
Por el lado de las empresas, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no controlaría más sus cuotas de manera arbitraria. Por el lado de los usuarios, éstos no deberían sufrir más aumentos de las cuotas o modificaciones en la prestación del servicio cuando a las empresas se les ocurra. Finalmente, el Estado lograría regulación y control sobre el único subsistema de salud que aún no lo posee.
Sin embargo, aún cuando todos los actores parecen obtener algún rédito de implementación de ley, y cuando en más de una oportunidad parecía un hecho, el proyecto hace más de un año que espera definiciones.
(*) Investigadores del IAE - Escuela de Negocios
Fuente: DyN
