La madrugada del 15 de julio de 2010 helaba en Buenos Aires. Pero afuera, sobre Callao y en la Plaza de los Dos Congresos, parecía una noche de verano: estallada de gente que esperaba el resultado de la votación, unos y otras bailaban y se apiñaban para darse calor. La Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario transformaba a la Argentina en el sexto país del mundo en darle entidad a la unión legal entre personas del mismo sexo y marcó el inicio de la ampliación de derechos en el país. También enfrentó un largo derrotero en el que se vaticinó, entre otras cosas, “el fin de la familia”.
Aún pensado hoy, en épocas de pandemia y distancia social, el recuerdo no pierde su potencia: “Yo estaba militando en una organización social, pero cuando pienso en ese momento pienso en la épica. Desde la tarde, todes estábamos muy preocupades por lo que podía pasar. Cuando se aprobó, empezamos a vislumbrar por primera vez lo que podían implicar los distintos escenarios que se abrían. Pero la épica también fue tal porque instituciones muy conservadoras salieron todas para que no se apruebe, movilizaron escuelas, hicieron campañas. Y a diez años, lo que podemos ver es que fueron discursos de una retórica vacía de contenido: no se terminó la familia, no hubo ninguno de esos mensajes apocalípticos que se cumpliera”. Quien asegura esto hoy es Alba Rueda, la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación (que depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad). En ese momento, era una activista de los derechos por la igualdad.
Entre ellos, Rueda había trabajado en Inadi, en el área de asesoramiento, pero entre los cientos de consultas que recibía, uno que aún le resuena: “Un señor llamó y contó que su compañero había muerto en el incendio de su propia casa. Después de esa tragedia, a los dos días la familia le dijo que no podía volver, porque todo estaba a nombre de su compañero. Perdió su casa, a su marido y todos los derechos, hasta el de la cobertura de la obra social. De estos casos había de a cientos”, cuenta.
Después de la sanción de la ley, la conmueve pensar en “una acción muy hermosa de la CHA (N. de R. Comunidad Homosexual Argentina) que fue a Anses a reconocer la pensión no contributiva a los compañeres de quienes habían fallecido, y eso le cambió la vida a muches”.
Fue el primer paso de muchos que vendrían después. “En ese momento sí sentí que la sociedad de verdad avanzaba, el augurio de un tiempo distinto a lo que venía”, dice con convicción. “No tengo la lectura del pasado. Me cuesta porque viví y vivo mucho ese contraste. Fue la puerta de entrada a un criterio de pluralidad, igualdad y diversidad”, asegura. La ley de identidad de género fue la que la siguió, y hoy, asegura, espera que avance hacia la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
“El período entre 2010 y 2015 fue muy productivo en términos de políticas públicas para el sujeto político de la diversidad sexual, y hubo otros registros, en términos sociales: hoy hay niñes y adolescentes que crecieron con la ley de matrimonio igualitario y reconocen en la ESI (Educación Sexual Integral) toda una textura del eje de diversidad, y es más, la reclaman. Y la ley (de 2010) fue bisagra, porque la de ESI de 2006 no tiene en sus contenidos más que el principio de no discriminación: el matrimonio vino a poner en tensión todo ese esquema de un modelo sólo reformista en términos de reconocimiento de derechos. Y cambió todo: las políticas públicas, el marco normativo, y ese cambio se transformó en una épica”.
Diez años de matrimonio igualitario: sigue la lucha
Dónde estamos hoy. “La ILE y la ley de cupo trans son sólo parte de lo que nos falta, pero me parece que sí hubo un cambio de paradigmas: hoy estamos entrando a una nueva etapa donde se recupera la agenda de la diversidad sustantiva, nos dirigimos a que esas políticas transformen o cambien profundamente las prácticas del Estado, las burocracias. Que tengan en toda la dimensión la perspectiva de la diversidad. Por dar un ejemplo: la ley de identidad de género reconoce el cambio registral de nombre, pero no cambia las modalidades de registro binario. Y estamos en la puerta de donde efectivamente este cambio de paradigma tiene que generarse. Hay que tensionar las lógicas de un Estado binario, tenemos esa misión de hacerlas transversales”, asegura.
Para Rueda, eso se traduce como “incorporar la perspectiva LGBTIQ+ al Estado: que se genere información oficial sobre esa población, para poder reconocer efectivamente cuáles son los aportes de la diversidad a los modelos de familia, cómo se abordan las violencias, las tareas de cuidado. Todo eso habla del aspecto de las políticas públicas y estamos en la puerta de ese cambio. Necesitamos efectivamente avanzar en esos sentidos”, asegura.
“Efectivamente, en la Argentina todavía hay modelos poco federales y uno de los grandes ejes es poder pensar en la clave federal de la transformación de esta cultura. La ley de matrimonio abrió una puerta, pero si bien yo creo que el eje en las políticas públicas está puesto en lo sustantivo del eje de diversidad, el otro gran aspecto que transforma nuestras sociedades es el cultural”, asegura, y agrega: “en todas las jurisdicciones está el desafío de cambiar culturas de discriminación por inclusividad: ese desafío reside principalmente en modos de construirlo con todes”, apuesta.
CP
