La Justicia busca en cruces telefónicos y huellas dactilares alguna clave que permita encontrar a Jorge Julio López, sobreviviente de la última dictadura militar que era testigo clave en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad y que desapareció hace diez años, horas antes de conocerse la sentencia.
El domingo se cumplirán diez años de su desaparición en medio de la definición del juicio contra el represor Miguel Etchetcolatz por lo cual sus familiares y varios partidos de Izquierda organizaron una concentración en la plaza San Martín de La Plata.
La investigación judicial se centra en los cruces de las llamadas telefónicas realizadas el 18 de septiembre de 2006 en la zona donde López fue visto por última vez, en Los Hornos, y en el cotejo de sus huellas dactilares con la de los cuerpos sin identificación hallados en diferentes lugares del país.
Los fiscales buscan "asegurar la fuente de los datos" para "salvaguardar el historial de información existente de, al menos, las líneas telefónicas que a la fecha resultan relevantes", según consignó la agencia DyN.
Así consiguieron días atrás una medida cautelar para que las empresas prestatarias del servicio no destruyan esos registros porque se estaba por cumplir una década y esa es la fecha limite a la que están obligadas a preservar esa información. Todos estos datos forman parte del informe elaborado por el fiscal general Marcelo Molina, coordinador de la Unidad que interviene en procesos por crímenes del terrorismo de Estado en La Plata, que fue remitido hoy al jefe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.
De acuerdo al resumen publicado en el sitio oficial fiscales.gov.ar, Molina reportó "las principales líneas de trabajo en las que se centra la investigación" de la Fiscalía, que está a cargo de la pesquisa desde el 18 de septiembre de 2009, tres años después de la desaparición del testigo. Además, le informó a Auat sobre dos líneas de investigación que fueron cerradas recientemente e indicó cuáles de las más importantes continúan activas.
Asimismo, describió el resultado de la continuidad de otros procesos relacionados con el expediente, como la investigación de todos los represores denunciados por López en su testimonio y la pesquisa por la obstaculización de miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a tareas de seguimiento sobre la actividad de detenidos por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Marcos Paz.
El informe reseña además que, pese a los reclamos que desde 2014 realiza la Fiscalía al Ministerio de Seguridad para recibir la asistencia de una fuerza "especializada en delitos complejos", la denominada "Comisión Caso López" de la Policía Federal es la única que actualmente trabaja en la causa a las órdenes del Ministerio Público.
López era un albañil que, a los 77 años, desapareció de su casa justo cuando estaba por enfrentarse por primera vez y escuchar los pedidos de perpetua para Miguel Etchecolatz. En ese proceso, integraba la querella contra el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense de la dictadura que se convirtió en el primer represor llevado a juicio luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Allí contó cómo el 27 de octubre de 1976 una patota encabezada por Etchecolatz lo secuestró y torturó por ser un militante de la unidad básica "Juan Pablo Maestre", que respondía a Montoneros. Su familia está convencida que su segunda desaparición está relacionada con aquel testimonio y que buscaba enviar un mensaje a los que podían declarar en los juicios por la represión. La causa se compone hoy de 45 cuerpos principales y está acompañada de 59 legajos y 74 anexos integrados por transcr
