Gases lacrimógenos, palos, corte del alumbrado público y hasta el incendio y destrucción del municipio y locales comerciales fueron los tintes de la violencia y la tensión que reinó ayer en la ciudad catamarqueña de Andalgalá, luego de que la Justicia diera orden de desalojar a manifestantes y asambleístas que impedían desde hace dos meses el paso de maquinarias de la minera Agua Rica, un emprendimiento tres veces más grande que el de la Alumbrera, instalada en la zona hace más de 10 años.
El enfrentamiento terminó con más de 40 manifestantes detenidos y otros tantos heridos, algunos de los cuales continúan internados. Mientras tanto, un juez de minas de Catamarca ordenó hoy suspender las actividades de la empresa minera, que prepara un emprendimiento para extracción de oro, plata y molibdeno.
Los incidentes comenzaron ayer alrededor de las 17.30, cuando personal de Infantería y de Gendarmería quisieron desalojar a unos 60 miembros de la asamblea permanente de Andalgalá, que vienen cortando el camino comunero que une la localidad de Chaquiago (ubicada a 5 kilómetros al norte de Andalgalá) y Potrero (donde se instaló la nueva mina), para evitar el ingreso de las maquinarias de la empresa y, por ende, el comienzo de su funcionamiento.
“Y como empezó a correrse la bola, llegaron al lugar hasta 200 personas para impedir el desalojo. Algunos vecinos que venían de Andalgalá y no pudieron llegar hasta Chaquiago, porque Gendarmería e Infantería cortó la ruta, se fueron a protestar a la plaza principal de Andalgalá, donde hubo represión con balas de goma y golpes”, relató a Perfil.com Enzo Acuña, un asambleísta de Catamarca capital, que apoya la protesta de los andalgalenses.
Durante la protesta en la plaza, los manifestantes que se enfrentaron con la policía, atentaron contra el edificio municipal (que habría sido destruida en un 80%, según denunció el intendente local), y dos locales proveedores de la minera Agua Rica. Al ver que la tensión no cedía con la represión, cuenta Acuña, el municipio cortó las luces de la plaza y del alumbrado público de unas tres cuadras a la redonda.
“Fue terrible. No les importaba si éramos mujeres o niños. A mí me detuvieron sólo por pedir que me muestren la orden a allanamiento. A mi mamá y a mi hermana se la llevaron de los pelos”, describió, por su parte, Daniela Fernández, una de las asambleístas que acampaban al costado de la ruta para impedir el paso de los camiones y maquinarias de la minera. “Estábamos al costado de la ruta, en un terreno privado de uno de los vecinos que también lucha contra la minera, y ellos entraron sin orden de allanamiento para desalojarnos”, aseguró a Perfil.com la mujer, de 25 años.
La orden de desalojo fue dada por la Fiscal de Andalgalá Marta Nieva y el juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro. "Desde el viernes que teníamos la orden de desalojo y decidimos esperar para ponerla en práctica. Nunca se pensó que se iba a llegar a semejantes consecuencias", sostuvo Nieva al diario local El Ancasti . Y señaló que "se procedió al arresto de las personas porque se tiraban en medio del camino para impedir el paso de camiones y camionetas”.
Hoy al mediodía, en tanto, se informó que fueron liberados los últimos tres detenidos, mientras la calma volvía a reinar en Andalgalá. Sin embargo, las protestas continuaron, no ya contra la minera, sino contra el intendente José Perea, y la fiscal y el juez, a quienes los vecinos señalan como responsables de la feroz represión.
En tanto, el juez de minas Guillermo Cerda dispuso hoy el "cese de actividades hasta nuevo aviso" en el emprendimiento minero con la intención de poner fin al conflicto social en la zona, informó la agencia DyN. "Es una medida sumamente necesaria por lo sucedido ayer", sostuvo el magistrado.
* De la redacción de Perfil.com
