Ernestina Herrera de Noble admitió, en una carta pública, la posibilidad de que sus hijos adoptivos fueran hijos de desaparecidos. Lo hizo el 11 de enero de 2003, después de haber estado en prisión acusada de falsedad ideológica de documento público. Había llegado a la cárcel por adulterar los expedientes de adopción de Marcela y Felipe, y el juez la acusaba de supresión de identidad y alteración del estado civil. El juez fue destituido por mal desempeño y ella fue liberada. Pero la causa siguió su curso.
Ernestina y sus abogados sostienen aún que hubo una adopción regular y se oponen al cruce de los datos genéticos de los jóvenes con el de todos los familiares de desaparecidos. Solo aceptan que se hagan los estudios en el Cuerpo Médico Forense, que no depende del Poder Ejecutivo, y que los resultados se comparen únicamente con las dos familias reclamantes.
“Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Y siempre les he dicho que yo apoyaba la decisión que ellos tomaran”, escribió Ernestina en una “Carta abierta de la directora de Clarín” que se publicó en el matutino porteño.
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