Masacre de Ramallo: el gobierno bonaerense debe indemnizar a los familiares de las víctimas
La Corte Suprema justificó el fallo por el desmedido y desproporcionado accionar policial durante el tiroteo que provocó la muerte del gerente y del contador de la sucursal Banco Nación de Ramallo en 1999.
Masacre de Ramallo |
Cedoc Perfil agencia Telam
Después de casi un cuarto de siglo desde la fatídica jornada conocida como la "Masacre de Ramallo", donde Carlos Chaves, gerente del Banco Nación de Ramallo, su esposa Flora Lacave, y el contador Carlos Santillán fueron baleados en medio del asalto al banco, la Corte Suprema ha dictaminado que la provincia de Buenos Aires debe compensar a los familiares de las víctimas.
La llamada "Masacre de Ramallo" se desencadenó el 17 de septiembre de 1999 en Villa Ramallo, cuando la policía bonaerense negoció la salida de los asaltantes al Banco Nación con rehenes y una vez en la calle los acribilló, acto en el que murieron a dos rehenes y un ladrón.
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Después de más de veinte horas de tensión durante la toma de rehenes en la sucursal bancaria, Carlos Chaves, Flora Lacave, y Carlos Santillán fueron forzados por los delincuentes a subir a un vehículo. Este acto desesperado tenía la intención de usarlos como escudo para la huida de los criminales, sin embargo, terminó en una tragedia.
El auto en el que viajaban, un Volkswagen Polo, recibió 150 disparos que perforaron el vehículo y mataron a Chaves y Santillán, mientras Lacave resultó gravemente herida. Este incidente, que conmocionó e indignó a la sociedad argentina, tuvo como resultado condenas de veinte años de prisión para los perpetradores.
Tras décadas de espera, la Corte Suprema ha determinado que la provincia de Buenos Aires debe indemnizar a los familiares de las víctimas. En el caso de Flora Lacave, viuda de Chaves, y sus hijos, la compensación asciende a la suma de 407.082.000 pesos, más intereses.
En el caso de Liliana María Perret, pareja del contador Santillán, y sus hijos, la cifra alcanza los $167.216.000, también más intereses.
El fallo de la Corte Suprema señala la responsabilidad del estado bonaerense en el desmedido y desproporcionado accionar policial durante el trágico suceso, "el número de disparos que efectuaron los funcionarios policiales provinciales con armas de grueso calibre sobre el rodado y sus ocupantes, revelan por parte de ellos una conducta incompatible con la de quienes deben tener a su cuidado la preservación racional de la integridad física de los miembros de la sociedad y sus bienes".
En ambos fallos seexcluyó de responsabilidad al Estado Nacional, al no demostrarse vínculos penales con la Policía Federal, lo que deslinda su implicación en los perjuicios ocasionados.
