Casi un invento argentino y una salida laboral rápida, la actividad de los paseadores caninos siempre generó polémica: reciben críticas de vecinos por el uso del espacio común, su tarea es ciento por ciento informal y, aunque existe desde 2001 una ley que lo exige, no están registrados.
A estas circunstancias, se suma la inexistencia de controles apropiados por parte del Gobierno porteño, lo cual allanó el camino para su crecimiento casi exponencial durante los últimos años: según datos informales del sector, se calcula que ya son unos seis mil en la Ciudad, en la que viven unos 480 mil perros como mascotas.
Con esa premisa en mente, la de cambiar su informalidad laboral, un grupo de paseadores creó el Sindicato de Trabajadores Caninos, una agrupación que viene trabajando desde hace cuatro años en busca del reconocimiento laboral profesional, pero que recién tomó impulso este año. Al mismo tiempo que el sindicato toma forma, el Gobierno porteño reabrió el registro de paseadores de perros. La iniciativa es impulsada por el programa Mascotas de la Ciudad, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se relanzó hace tres meses y ya cuenta con unos 250 paseadores anotados.
Actualmente, y según pudo averiguar PERFIL, el gremio cuenta con unos 1.500 afiliados. Si bien la mayoría de los afiliados son paseadores, el encuadre sindical también agrupa a los adiestradores y a los peluqueros caninos. “Buscamos ser profesionales en esta actividad. El sindicato nos sirve de respaldo ante eventuales problemas legales y hace que este trabajo se torne formal a la vista de los demás. La idea es cambiar esa mirada que tienen sobre nosotros de vagos que se tiran en el parque a tomar sol y atan los perros a los árboles o a las rejas”, afirmó Santiago, un paseador con más de diez años de actividad en el parque Tres de Febrero y afiliado al gremio.
Para reafirmar su intención, el sindicato está trabajando en la confección de una ley nacional que apunte a reconocer la actividad como tal, y a conseguir los mismos derechos laborales de cualquier otro empleado formalizado. “El proyecto se basa en la ley de las empleadas de casas particulares”, señaló una fuente del gremio a este diario.
Controles. El único antecedente que intentó formalizar esta actividad fue el decreto 1972/01, que reglamentó el tránsito y paseo de los perros en los espacios públicos y creó el registro, que se abrió en 2005 (ver aparte). Sin embargo, esta resolución nunca fue acatada y sólo cincuenta paseadores se registraron en esos años. Entre los beneficios que aporta este registro, explican desde el ministerio, se ofrece realizar cursos de capacitación de un mes que dan al paseador “las herramientas para realizar su labor en forma adecuada, respetando el espacio público y potenciando sus capacidades”.
En este sentido, la regulación de la actividad se suma a la intención del Ejecutivo de ordenar el uso del espacio público, como los trapitos (ver aparte) o el proyecto presentado por el legislador Diego García Vilas (Confianza Pública) que impulsa la regulación de los personal trainers en las plazas y parques de la Ciudad.
“Antes el trámite de inscripción se realizaba de manera presencial, con lo cual era muy difícil que un paseador se acerque hasta alguna oficina del Gobierno para inscribirse. Pero ahora, el trámite puede hacerse en forma online, donde además quedan listados para que los clientes puedan encontrarlos.
La inscripción al registro tiene un costo de $ 300 por única vez, y la renovación anual, $ 100. “Estoy a favor de la regulación, es otra forma de validar nuestro trabajo. Estar registrados nos permite hacer cursos. Pasear una mascota es una responsabilidad y queremos diferenciarnos de quienes lo hacen mal”, señaló Romina, mientras se alejaba con sus perros en Parque Las Heras.
Vuelven a poner la mira en el control de los trapitos
A partir de la nueva conformación de la Legislatura, se estima que el año próximo se avance con alguno de los proyectos de ley presentados por el oficialismo para prohibir a los trapitos en la vía pública. El martes pasado, durante la previa de un partido en River, la Policía de la Ciudad labró 59 actas contravencionales a personas que exigían dinero para cuidar los autos en lugares de libre circulación.
En tanto, en un juicio abreviado, un cuidacoches fue condenado a dos años y medio de prisión por haber amenazado con una botella de vidrio a una mujer que se negó a darle dinero a cambio de permitirle estacionar su auto en el barrio porteño de Belgrano, según trascendió ayer. En un fallo del 18 de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal 27 consideró que José Luis Leguizamón, un “changarín” de 42 años, cometió tentativa de extorsión por haber exigido dinero a una mujer que intentaba estacionar su auto frente al número 2557 de la calle Sucre.
