Un contexto macroeconómico marcado a fuego por una inflación del 7,7%, un dólar paralelo sobrepasando los 400 pesos; una ley de alquileres que retrotrae la oferta inmobiliaria; la falta de créditos hipotecarios, además del año electoral, convierten a la posibilidad de acceder a un alquiler conveniente a las partes en una meta casi imposible de alcanzar.
Un ejemplo alcanza y sobra. Desde la sanción de la Ley de alquileres, en julio de 2020, por ejemplo, los alquileres aumentaron un 343%, muy por encima de la inflación que fue del 274% para el mismo período.
En este sentido, no resulta extraño el dato que revela que una persona o familia puede tardar hasta cuatro meses para poder alquilar una vivienda, al tiempo de considerar que el alquiler representa entre un 40 y un 50% del ingreso de los inquilinos, según afirmó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, y de acuerdo a datos del mercado, los tiempos de acceso a un alquiler serían muy superiores. Actualmente, y según datos del último, Censo, en la CABA de las 1.423.973 propiedades, 138 mil se encuentran vacías.
Atentos a estas circuntancias, el Ejecutivo porteño presentó durante la semana una serie de herramientas que tienen por objetivo facilitar el ingreso a un alquiler sin que esto le genere al futuro inquilino distorsiones en su economía y sin la aplicación de regulaciones que, al fin de cuentas, terminan complicando las operaciones.
La iniciativa de la gestión porteña contempla la oferta de programas tendientes a “ofrecer soluciones a los inquilinos, aumentar la oferta de viviendas en alquiler y generar incentivos para el desarrollo de nuevas opciones”.
“Hoy el mercado de alquileres está roto y la ley actual es un problema para los propietarios y para los inquilinos, por lo cual esto busca dar orden y previsibilidad para colaborar con la clase media porteña”, aseguró el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en la presentación.
Para ello, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) impulsará un seguro de caución de diferentes compañías con una bonificación del 70% del costo de la prima para alquileres que no superen los $ 150 mil.
Además, ofrecerá un financiamiento para los gastos iniciales de los que estén en la búsqueda de una vivienda –como el primer mes de alquiler y el depósito– a pagar en hasta 36 cuotas con el propósito de “romper la barrera para los que pueden pagar un alquiler, pero no los costos de entrada”.
Por último, se implementará un plan para financiar también reformas en viviendas desocupadas para aumentar la oferta de inmuebles en alquiler.
En todos los casos, los préstamos del IVC estarán sujetos a la tasa del Coeficiente de Variación Salarial, que se ubica por debajo de los índices de inflación. “Con estos programas generamos incentivos para que los propietarios puedan acondicionar sus viviendas y ponerlas en alquiler, y derribar las principales barreras que tienen hoy los inquilinos y que alquilar sea más accesible”, afirmó Christian Werle, director del IVC.
Del lado de los propietarios, en tanto, se promoverán dos cambios a la actual ley tarifaria porteña, que se debatirán en la Legislatura porteña, ya que apuntan a eximir en forma temporal el pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y ampliar el actual de Ingresos Brutos.
Críticas y reparos a la iniciativa. Apenas se conoció la propuesta del Ejecutivo, las críticas no tardaron en aparecer desde el arco opositor. “Los anuncios del jefe de Gobierno para abordar la problemática de la vivienda en la Ciudad son un reconocimiento de todo lo que no se hizo en la Ciudad durante sus ocho años de Gobierno, donde hubo una falta total de planificación para reorientar la construcción en este sentido y mejorar así el acceso a la vivienda”, afirmó Claudia Neira, del Frente de Todos (FdT). Por su parte, Manuel Socías, del mismo bloque e impulsor del proyecto de la creación de un Banco de Viviendas, desde su cuenta de Twitter afirmó que “En principio parecen iniciativas orientadas a dar respuestas de corto plazo para la emergencia y no un cambio de enfoque estructural de la política habitacional, que es lo que se necesita para dar vuelta la crisis”.
“Después de 15 años de facilitar y promover todos los negocios inmobiliarios posibles, y de haber vendido el equivalente a un barrio de San Telmo de tierras públicas, ahora en campaña Larreta dice que les preocupa la vivienda”, advirtió, por su parte, el diputado del FdT Javier Andrade.
El Centro de Estudios, Legales y Sociales (CELS) también expresó su posición al respecto. Según el organismo, los créditos para inquilinos anunciados por el Gobierno porteño profundizarán el endeudamiento de quienes alquilan, un sector de la población que, para el CELS, “tiene mucha fragilidad financiera”. “Estas medidas que se anuncian como una solución, en realidad aumentarán los costos que tienen que afrontar los inquilinos y profundizarán su endeudamiento”, publicó el CELS en su cuenta de Twitter.
El organismo indicó que el “pago de créditos” aumenta los costos fijos que “tienen que afrontar” los inquilinos para “sostener su vivienda”, algo que argumentó con una encuesta elaborada junto a otras instituciones.
Desde el sector inmobiliario, en tanto, la iniciativa fue recibida con algunos reparos. “Las medidas anunciadas van en la dirección correcta. En el rumbo de la desgravación, aliento y financiamiento de la oferta y de la reducción de ciertos costos a los inquilinos. Sin embargo, dentro del actual contexto de incertidumbre e inestabilidad macroeconómica, en un año teñido por el clima electoral y bajo el régimen de la actual ley de alquileres tendrán un efecto limitado”, afirmó José Rozados, de Reporte Inmobiliario. La altísima inflación estructural con la que convivimos es la raíz básica de la problemática del alquiler y la falta de crédito a largo plazo para comprar vivienda. Resolverlo excede la capacidad de acción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que sólo puede mitigar sus efectos con medidas o propuestas como las recientemente anunciadas”, completó, por último el especialista.
