En el primer semestre de este año hubo 3.960 “arrebatos callejeros de celulares”. Enero fue el mes con más denuncias: 863. Lo siguieron marzo (738), febrero (680), mayo (617), abril (557) y junio (505).
Entre los barrios más afectados, Balvanera se lleva el primer lugar con 504 robos. Lo sigue Caballito, con 260; Palermo, con 253; San Nicolás, con 237 y Flores con 227. Hace dos años, Recoleta cerraba la nómina con 656 arrebatos, pero fue desplazado por Caballito en 2015, que escaló hacia el segundo lugar durante el primer semestre de este año.
Los datos pertenecen a la Dirección de Análisis Criminal (DAC) del Ministerio Público Fiscal, un área creada en 2014 por la procuradora Alejandra Gils Carbó, con “el objetivo de identificar fenómenos criminales y elaborar un plan integral de intervención, articulando el trabajo hacia el interior del organismo para la persecución penal e impulsando el trabajo de otras agencias que colaboren con el objetivo de reducir el delito”, explicó su titular, el fiscal Diego García Yomha, a PERFIL. Es decir, “aplicar políticas públicas para reducir el delito”.
La DAC diseñó herramientas informáticas de visualización y análisis propias, a partir de los datos que arroja el sistema N2, el registro de casos con autores ignorados del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En el caso del robo de celulares, los analistas pudieron identificar y comprobar que los aparatos son robados en las avenidas principales de la Ciudad, donde la concentración de personas es mayor, y que la mayoría de los casos se dan en hora pico. Por ejemplo Santa Fe, a la altura de los barrios Retiro, Recoleta y Belgrano, y 9 de Julio, en los alrededores del Obelisco.
A la vez, lograron identificar que en esas mismas zonas se establecieron la mayor cantidad de “cuevas” de reventa. Tras el hurto, el celular es vendido en un radio de diez cuadras. Microcentro, Liniers y Once son los barrios con más locales que se dedican a revender los aparatos.
El robo de celulares no es sólo eso. “La visualización de la problemática a través de la herramienta desarrollada permite profundizar en otros aspectos que son los que nos dan la pauta de que cada uno de ellos se inserta en un universo mayor. La otra cara de esta moneda, que vuelve el asunto más complejo aún y respecto del cual como Dirección de Análisis no podemos no tomar nota, es que estos mercados ilegales son aquellos donde se consumen productos respecto de los cuales el mercado legal no alcanza –por falta de stock, por diferencias de precios, etc.– a satisfacer la demanda. Es decir, detrás de todo delito hay una conflictividad social subyacente a la cual le debemos prestar atención para comprender el fenómeno y tomar decisiones de política criminal que tiendan a reducir los aspectos violentos y que mayor daño causan socialmente”, apunta García Yomha.
La persona que sustrae un celular, el eslabón más débil de una cadena, no tiene el objetivo de utilizarlo, sino de colocarlo en mercados informales, en los cuales el aparato adquiere un valor agregado como consecuencia de las actividades llevadas adelante para poder reutilizar el teléfono: formateo del aparato; adulteración de IMEI; entre otros, maniobras que conllevan acciones ilícitas que son materia de la Justicia Federal.
Un sistema inédito en la región
El Sistema de Análisis de Fenómenos Criminales que desarrolló la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC)es inédito en la región y podría ser tomado como modelo por las procuradurías de Chile, Uruguay, Colombia, Honduras y República Dominicana.
La DAC fue creada con dos objetivos: la gestión y el análisis de la información para comprender la evolución de distintos fenómenos criminales, a partir del reconocimiento y la identificación de las regularidades sociales que los estructuran y la planificación de estrategias de persecución penal destinadas a intervenir sobre esos acontecimientos en forma eficiente y eficaz para la reducción de todos sus efectos.
Bajo este esquema, la DAC trabaja con las fiscalías de todo el país, conformando un sistema de flujo de información que permite la asistencia en su trabajo diario a partir de la identificación de aspectos de los distintos fenómenos criminales que trascienden la mirada del caso a caso y permiten darles una orientación planificada a las investigaciones penales.
Los datos pertenecen a la Dirección de Análisis Criminal (DAC) del Ministerio Público Fiscal, un área creada en 2014 por la procuradora Alejandra Gils Carbó, con “el objetivo de identificar fenómenos criminales y elaborar un plan integral de intervención, articulando el trabajo hacia el interior del organismo para la persecución penal e impulsando el trabajo de otras agencias que colaboren con el objetivo de reducir el delito”, explicó su titular, el fiscal Diego García Yomha, a PERFIL. Es decir, “aplicar políticas públicas para reducir el delito”.
La DAC diseñó herramientas informáticas de visualización y análisis propias, a partir de los datos que arroja el sistema N2, el registro de casos con autores ignorados del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En el caso del robo de celulares, los analistas pudieron identificar y comprobar que los aparatos son robados en las avenidas principales de la Ciudad, donde la concentración de personas es mayor, y que la mayoría de los casos se dan en hora pico. Por ejemplo Santa Fe, a la altura de los barrios Retiro, Recoleta y Belgrano, y 9 de Julio, en los alrededores del Obelisco.
A la vez, lograron identificar que en esas mismas zonas se establecieron la mayor cantidad de “cuevas” de reventa. Tras el hurto, el celular es vendido en un radio de diez cuadras. Microcentro, Liniers y Once son los barrios con más locales que se dedican a revender los aparatos.
El robo de celulares no es sólo eso. “La visualización de la problemática a través de la herramienta desarrollada permite profundizar en otros aspectos que son los que nos dan la pauta de que cada uno de ellos se inserta en un universo mayor. La otra cara de esta moneda, que vuelve el asunto más complejo aún y respecto del cual como Dirección de Análisis no podemos no tomar nota, es que estos mercados ilegales son aquellos donde se consumen productos respecto de los cuales el mercado legal no alcanza –por falta de stock, por diferencias de precios, etc.– a satisfacer la demanda. Es decir, detrás de todo delito hay una conflictividad social subyacente a la cual le debemos prestar atención para comprender el fenómeno y tomar decisiones de política criminal que tiendan a reducir los aspectos violentos y que mayor daño causan socialmente”, apunta García Yomha.
La persona que sustrae un celular, el eslabón más débil de una cadena, no tiene el objetivo de utilizarlo, sino de colocarlo en mercados informales, en los cuales el aparato adquiere un valor agregado como consecuencia de las actividades llevadas adelante para poder reutilizar el teléfono: formateo del aparato; adulteración de IMEI; entre otros, maniobras que conllevan acciones ilícitas que son materia de la Justicia Federal.
Un sistema inédito en la región
El Sistema de Análisis de Fenómenos Criminales que desarrolló la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC)es inédito en la región y podría ser tomado como modelo por las procuradurías de Chile, Uruguay, Colombia, Honduras y República Dominicana.
La DAC fue creada con dos objetivos: la gestión y el análisis de la información para comprender la evolución de distintos fenómenos criminales, a partir del reconocimiento y la identificación de las regularidades sociales que los estructuran y la planificación de estrategias de persecución penal destinadas a intervenir sobre esos acontecimientos en forma eficiente y eficaz para la reducción de todos sus efectos.
Bajo este esquema, la DAC trabaja con las fiscalías de todo el país, conformando un sistema de flujo de información que permite la asistencia en su trabajo diario a partir de la identificación de aspectos de los distintos fenómenos criminales que trascienden la mirada del caso a caso y permiten darles una orientación planificada a las investigaciones penales.
