Impulsado por el Poder Ejecutivo (PE), la iniciativa de derogar el Sistema de Justicia Militar fue despachado casi por unanimidad tanto por la Comisión de Legislación, como por la Defensa de la Cámara de Diputados. El partido de centroderecha PRO -a través de la legisladora Nora Ginzburg-; fue el único que presentará un dictamen en minoría.
En el marco de la reunión plenaria (presidida por los kirchneristas Rosario Romero -Legislación Penal- y Jorge Villaverde -Defensa-), se resolvió que el proyecto (que también formula la modificación del Código Penal y Procesal Penal de la Nación) manifieste la inclusión de los delitos producidos en la órbita castrense en la Justicia civil.
El asunto tiene una preferencia votada por la Cámara el 15 de agosto último para ser tratado con despacho de comisiones en la próxima sesión de tablas. Cuando presentó el proyecto en Diputados en los primeros meses del año, la ministra de Defensa, Nilda Garré, aseguró que "no hay nada antimilitar" en la derogación del Código de Justicia castrense y su reemplazo por la jurisdicción ordinaria.
Por su parte, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni también defendió la iniciativa en esa oportunidad, mientras que destacó que la reforma propuesta considera al soldado "como un ciudadano" al otorgarle derechos y garantías penales y procesales que ahora tiene vedados.
El proyecto que envió en abril el PE deroga el cuestionado Código de Justicia Militar de 1951, que es considerado incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados en la reforma constitucional de 1994.
Nuevo sistema. El proyecto está basado en dos leyes: de Justicia Militar Penal y Disciplinaria de las Fuerzas Armadas; para la Gendarmería Nacional se aguarda que el Poder Ejecutivo gire al Congreso un proyecto de ley de régimen disciplinario propio.
En cuanto al sistema disciplinario que se legislará para las Fuerzas Armadas se incorporan, en síntesis, figuras novedosas como el acoso sexual y la discriminación y elimina otras "obsoletas", como el calabozo y el confinamiento.
Respecto a la Justicia Militar, que en la legislación es tratada por separado de los aspectos disciplinarios, la nueva norma busca que los militares sometidos a proceso por delitos militares tengan las mismas garantías judiciales que cualquier ciudadano ante la Justicia civil.
A raíz de ello, se incluirá la figura de los defensores de confianza, que deberán ser letrados; los tribunales orales como instancias de juzgamiento y el Código de Procedimiento Penal de la Nación adaptado al ámbito militar.
En cuanto al dictamen que expidieron las comisiones, a propuesta de diputados como María del Carmen Rico (Peronismo Federal), Raúl Solanas (FPV) y Carlos Sosa (Renovador de Salta) se eliminaron las multas del anexo dedicado a las sanciones, para "impedir abusos", según se dijo.
Fuente: DyN
