La demora de las obras sociales y las empresas de medicina prepagas en la entrega de inmunosupresores hacen que fracasen algunos trasplantes renales, alertó hoy un encuentro de especialistas y pacientes.
Los participantes de la reunión de la Asociación para Trasplantes (APAT) realizada en la ciudad de Buenos Aires reclamaron en un documento que no se postergue la provisión de esos medicamentos que, de acuerdo a lo que establece la ley, deben ser otorgados por las prestadoras de salud en forma gratuita.
Marcelo León, presidente de la APAT insistió en que "una de las causas del fracaso del trasplante renal se debería a la demora en la entrega de la medicación inmunosupresora, que es la que impide que el organismo rechace el nuevo órgano".
León puntualizó que "si la medicación no se recibe a tiempo, el paciente va a diálisis o muere".
En igual sentido, el presidente de la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT), Jorge Argento, sostuvo que "el paciente trasplantado no debe estar un solo día sin tomar inmunosupresores, ya que la falta lo pone en riesgo de rechazo del órgano aún años después de la intervención"".
Argento, quien dirige el Programa de Trasplante Renal del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) opinó que "el esfuerzo, el costo económico y la escasez de órganos indican que no puede haber margen para demorarse en la entrega de la medicación, ni para que el paciente llegue al punto de fraccionarla para que le dure más cuando se habla de trasplantes".
El Programa Médico Obligatorio (PMO) establece que los inmunosupresores deben ser suministrados a los afiliados a las obras sociales y prepagas con una cobertura del 100%.
María Eugenia Vivado, paciente trasplantada y presidenta de la Asociación Solidaria de Insuficientes Renales, indicó que "en una época las obras sociales enviaban la medicación a tiempo"
Pero agregó que "ahora muchos pacientes tienen que reiterar sus pedidos y hasta llegar al amparo judicial para que se le suministren en el plazo establecido los inmunosupresores".
El abogado Ignacio Maglio, jefe de la sección Riesgo Médico-Legal del Hospital Muñiz, precisó que "al interponer este recurso se hace efectiva una garantía constitucional y la medida se implementa en forma inmediata".
Maglio indicó que "lo importante es que el paciente conozca sus derechos para poder ejercerlo" y acotó, que "el médico debería informarlo" sobre lo que le corresponde por ley, al reconocer que "en los últimos tres años, cada vez se da más lugar a esos amparos".
Los datos del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) revelaron que este año se efectuaron en el país 628 trasplantes de riñón de donante cadavérico y desde junio de 2007, 77 de donantes vivos.
Acotaron que de los 24.714 pacientes que hay en diálisis, 4.667 se encuentran en la lista de espera a la espera de un trasplante renal.
Tras la intervención quirúrgica, el sistema inmunológico trata de destruir al órgano injertado debido a que lo considera una amenaza. Ese proceso se denomina médicamente como rechazo y conduce a la pérdida del injerto.
Por eso, para evitarlo se le da al paciente inmunosupresores como la ciclosporina o el fármaco de última generación sirolimus, que reducen la actividad del sistema inmunológico al mínimo.
Luis María Zieher, titular de la Fundación de Estudios Farmacológicos de Medicamentos (FEFyM) e investigador principal del CONICET, destacó que "en el paciente trasplantado puede iniciarse el rechazo del órgano y una vez que los linfocitos comienzan ese proceso es muy difícil frenarlo".
Zieher insistió que "debe prevenirse el rechazo con medicación, para que el tratamiento resulte exitoso".
Fuente: Télam
