La presencia de polvorines con municiones y armas de guerra en las inmediaciones de la pista y –sobre todo, de una de las cabeceras– del aeródromo de El Palomar, fue uno de los motivos por los cuales la jueza federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, Martina Forns, impidió, por el momento, el inicio de las operaciones aerocomerciales de Flybondi, la low-cost que prevé comenzar a volar desde esa estación aérea el próximo 9 de febrero (ver aparte).
La medida se conoció pocos días después de que el Ministerio de Transporte de la Nación, había anunciado una inversión de $ 1.600 millones para reconvertir el aeródromo militar en un aeropuerto pensado para líneas aéreas de bajo costo.
La existencia de los arsenales en la Base Aérea sorprendió tanto a la jueza como a Lucas Marisi, representante legal de los vecinos de El Palomar y Hurlingham y Tres de Febrero, mientras realizaban una inspección ocular la semana pasada. “Detectamos dos polvorines. Uno de ellos está a unos 50 metros de la cabecera próxima al colegio Emaús, mientras que el otro está entre unos 100 y 200 metros de la pista central. Cuando la jueza les consultó a la Fuerza Aérea y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) qué contenían esos arsenales, nadie supo qué responder. Al punto que ni siquiera tenían las llaves”, detalló Marisi. “Además, a 50 metros de la plataforma funciona la Escuela Técnica de la Base. Es imposible que allí funcione un aeropuerto comercial donde despeguen y aterricen aviones cada 10 minutos”, puntualizó el abogado del grupo vecinal Stop Flybondi.
Las otras dos razones que llevaron a la magistrada a tomar esa determinación tienen que ver con la falta de un estudio de impacto ambiental por parte de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 en la zona, aprobado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), y la resolución que tomen los organismos de Derechos Humanos cuando se expidan sobre los trabajos que se proyectaron en la zona de los hangares del aeropuerto afectan posibles pruebas para juicios de lesa humanidad, ya que el lugar fue designado como un Sitio de la Memoria.
Desde el ministerio que conduce Guillermo Dietrich, en tanto, aseguraron a este diario que en realidad existen cuatro polvorines, pero que solo dos son utilizados por la Fuerza Aérea. “Los que actualmente están en uso que van a vaciarse antes de proceder con cualquier operación. La distancia de estos lugares respecto a la pista oscilan entre los 380 y 560 metros. Nuestra prioridad es la seguridad”, agregaron las fuentes de ese organismo gubernamental.
Mientras que en relación a los hangares, desde Transporte de la Nación indicaron que “es una obra proyectada recién para la segunda mitad de 2018, por lo que este fallo no impacta en los trabajos. Nuestra voluntad es proteger todos los sitios de la Memoria. Hemos tenido reuniones con la Dirección Nacional de Sitios de la Memoria, y la Secretaría Ejecutiva del Archivo General de la Memoria, para ver de qué manera se puede avanzar en el proyecto que servirá a millones de personas de generaciones presentes y futuras, El objetivo es afectar lo menos posible el significado histórico de ese espacio”.
El fallo de Forns, se conoció esta semana e hizo lugar parcialmente a un amparo presentado por Marisi, en representación de los vecinos de la zona, y organizaciones de DD.HH. En su dictamen la jueza de San Martín ordenó a FlyBondi, al Ministerio de Transporte de la Nación y a la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) “se abstengan de comenzar las actividades de aeronavegación en ese lugar”.
De todas maneras, la resolución de la jueza no impide que continúen las obras de remodelación de la pista, la terminal y los alrededores de la futura estación aérea. En este sentido, desde la sede ministerial informaron que “las obras continuarán su curso normal con el objetivo de que pueda estar operativo en febrero”.
Venta récord de pasajes
Con un ritmo de venta de 21 asientos por minuto, Flybondi comenzó a comercializar pasajes para 16 de las 43 rutas de cabotaje que el gobierno nacional le autorizó a operar.
De las 16 rutas que se pusieron en venta en esta primera etapa de la low cost fundada en 2016, 11 de ellas tienen previsto operar desde El Palomar, pese a la prohibición que rige desde esta semana. Otras tres rutas lo harán desde Córdoba y las dos restantes, desde Mendoza. Las tarifas promocionales, que deben tomarse con diez días de anticipación, van desde los $ 697 por tramo para Buenos Aires-Córdoba, por ejemplo, y desde $ 425 entre Córdoba y Mendoza.
Los aviones tienen solo clase económica y en la mayoría de los aeropuertos en los que operará los pasajeros deberán bajar de la nave por escalera, sin mangas que conecten con la zona de embarque.
Los tickets solo están a la venta a través de la página web de la empresa.
