Dos topadoras del gobierno porteño comenzaron a derribar algunas casas precarias del asentamiento "La Veredita", en el barrio porteño de Villa Soldati, cuyo desalojo fue ordenado por la Justicia, luego de que varios de sus habitantes aceptaron abandonar el lugar que habían tomado.
En el asentamiento residen 245 personas y el gobierno de Mauricio Macri ofreció 700 pesos por única vez a sus habitantes y 1.200 pesos en diez cuotas a las familias numerosas.
Se trata del sexto intento para desocupar el predio, luego de que ayer se frustrara el operativo, y esta mañana se dispusieron 500 efectivos policiales para cumplir la orden judicial.
Las viviendas, que se encuentran sobre la calle Riestra, fueron tomadas ilegalmente desde el 28 de abril. Las negociaciones son lideradas por el ministro de Seguridad Porteño, Guillermo Montenegro.
La jueza en lo contencioso administrativo porteña Elena Liberatori presentó hoy una medida cautelar autorizando el desalojo, pero con la condición que las familias sean incluidas en beneficios y reciban subsidios.
"La magistrada remarcó que las personas de 'La Veredita' deberán estar dentro del programa Viviendas Transitorias, recibir un subsidio de 7.200 pesos y que luego asistentes sociales las acompañen a iniciar los trámites correspondientes para acceder a créditos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC)", explicó Lisandro Teszkiewicz, uno de los abogados que representa a las familias.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, aseguró que comenzó "de manera pacífica" el desalojo del asentamiento "La Veredita", y sostuvo que "siempre" apelarán "al diálogo para evitar cualquier situación de violencia".
"Un grupo importante de personas que estaban ocupando ha aceptado la oferta de asistencia que hicimos desde el ministerio de Desarrollo Social y ya están abandonando el lugar", informó la funcionaria macrista. Vidal indicó a medios radiales que "estamos empezando a hacer el desalojo de manera pacífica", pero "sigue un grupo que dice que va a resistir. Vamos a avanzar por el sector del grupo que aceptó retirarse".
No obstante, una delegada ocupante manifestó a medios televisivos que no van a aceptar la propuesta del gobierno. "Vamos a atrincherarnos y si es necesario vamos a prendernos fuego. Eso quedará en la conciencia de ellos. Lo que queremos es una vivienda, La plata no sirve de nada", lanzó la delegada.
"Una vez que quede el grupo que resiste vamos a hacer la consulta al juzgado. Vamos a seguir trabajando, persuadiendo a la gente para que se vaya de una manera pacífica. Siempre vamos a apelar al diálogo para evitar cualquier situación de violencia", advirtió. Ayer, la jueza contravencional porteña Claudia Alvaro había resuelto postergar una vez más el desalojo.
Las familias tomaron en diciembre pasado las veredas lindantes a los predios del colegio Marianista, de los clubes Argentinos Juniors y DAOM, y de la Fuerza Aérea.
