De un anuncio inesperado -y descreído- por parte del oficialismo, el Congreso argentino llegó, en cuatro meses, a abrir el debate por la despenalización del aborto. El saldo inmediato, esta noche o mañana, puede ser el de una media sanción. Sin embargo, la épica de esta apuesta en materia de derechos reproductivos y salud pública alcanza a la expectativa de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la de Medios o la del divorcio vincular.
Sin posiciones verticalistas, los diputados definen sus votos entre su libertad de conciencia y el cabildeo de último momento, factor de presión real desde que se anunció el dictamen. Horas antes, varios legisladores que habían adelantado su postura pro-despenalización denunciaron aprietes de todo tipo, incluso con amenazas a sus familias. En paralelo, la Casa Rosada mira con atención y se adelanta a lo que podría pasar. Si se cae la iniciativa, insistir con el proyecto será tarea del próximo Gobierno. Si prospera, el debate se profundizará en el Senado, un espacio bastante más conservador e inflexible que la Cámara baja.
Binarios. Con el avance del sí, los sectores más conservadores no tuvieron otra opción más que enarbolar la bandera por la educación y la anticoncepción, dos ideas que provocaban urticaria años atrás. El mal menor: antes de matar al “niño por nacer”, por lo menos “que se cuiden”. Afuera de esa lógica quedan los abusos sexuales, la planificación familiar y el deseo liso y llano de ser madres o no. Los “niños por nacer” que para ellos eran la excusa para cobrar el plan social hoy son futuros ingenieros. Una legión de Mascheranos y Favaloros cuyas madres desean asesinar. Como pocas veces antes, la idea de movilidad social tuvo tantos adeptos: si no es abortado, el feto de una mujer pobre puede convertirse en un sujeto imprescindible para la sociedad, útil y productivo. Sí, la despenalización del aborto alcanzaría a todas las mujeres, pero las que mueren en la clandestinidad son las que no pueden pagar una práctica a escondidas. Quienes sí lo hacen no aparecen en las estadísticas.
Ahora, si la mujer quiere abortar de todas formas, la pelea vira hacia lo económico. Hay quienes preguntan si Argentina pedirá al FMI financiar las interrupciones. El proyecto que se debate no contempla el presupuesto necesario para atender la demanda de las prácticas médicas y podría ser millonario. Tampoco está cuantificado el gasto en salud que invierte hoy el Estado en atender a las mujeres que asisten a hospitales públicos para atender las complicaciones de los abortos mal hechos, ni la asistencia social a los hijos nacidos de las que murieron en la clandestinidad. “El aborto se paga con mis impuestos”, plantean los antiabortistas. Con esos mismos impuestos se le pagaría el parto y la Universidad pública a los futuros ingenieros, suponen los que están a favor de la legalización.
El debate formal expuso la escasa preparación de los legisladores a la hora de conciliar posturas: derechos para los embriones, extracción de los fetos y mantenimiento en incubadoras. En las últimas 24 horas, las redes sociales se convirtieron en un diálogo de sordos, reafirmando las dos visiones. Quienes están a favor, pidiendo a los indecisos que se inclinen por el sí. Quienes se oponen ven “dos vidas”, dos organismos en igualdad de condiciones versus la realidad de un organismo gestante, aseguran que el proyecto apunta a abortar en cualquier etapa del embarazo y comparten imágenes de bebés de 9 meses. Fake news: el proyecto sólo habilita la interrupción hasta la semana 14.
La calidad de los argumentos en el recinto no es mucho mejor. La diputada del bloque Unidad Justicialista Ivana Bianchi advirtió que sostener una estructura de aborto clandestino impedirá un flagelo mayor: el comercio de partes de fetos. Se respaldó en un documental estadounidense contra Planned Parenthood: era una campaña sucia. Fake news II. La alocución de Bianchi resultó un déjà vu con Liliana Negre de Alonso y su rechazo al matrimonio igualitario por los negocios que surgirían ante el “tráfico de esperma” . El salteño Alfredo Olmedo no se quedó atrás: “Quiero un cementerio para los niños abortados. Que cremen a los chicos, no quiero negocios con los chicos por nacer.”
Estado responsable. Más allá de los costos, cuantificar el aborto en Argentina es casi imposible. No hay estadísticas oficiales, la clandestinidad de las prácticas oculta los números reales. Las cifras más recientes son de 2009: por año, se practican entre 370 mil y 520 mil abortos en el país. De ellos, se estima que son 460 mil los clandestinos.
Lo mismo ocurre con los índices de mortalidad materna. El Ministerio de Salud de la Nación registró en 2016 que 245 mujeres gestantes murieron ese año. Sólo 43 de esas muertes fueron por un aborto. ¿Esa cifra es real? No. La comunidad médica reconoce que, para no criminalizar los casos, las causas de muerte se disfrazan con cuadros de hemorragias, sepsis y fallas orgánicas (por ejemplo, a partir de intestinos o úteros perforados). Sumadas todas esas variables, el aborto y sus consecuencias inmediatas son la principal causa de muerte. ¿Cómo llega un cuerpo gestante aparentemente sano a presentar esos diagnósticos? Por abortos mal hechos, no higiénicos e incompletos.
Otros datos son más difíciles de rebatir: de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional sobre embarazo adolescente, sólo en 2013, unas 114.125 mujeres entre 15 a 19 años fueron madres en Argentina. Los nacimientos con madres menores de 15 años fueron 3261. Este último grupo corre cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo/parto que lo registrado en mujeres de entre 20 y 24 años. Sólo el 10.8% de las adolescentes completó la educación secundaria. Por las edades de esas madres, la ley concluye en que los más de 100 mil nacimientos fueron consecuencias de abusos sexuales. ¿Cuántas de ellas están en condiciones físicas y psíquicas de afrontar la maternidad sin poner en riesgo a esos niños? ¿Cuántas quisieron ser madres? Cuando la maternidad es deseada, el parto y el puerperio son momentos profundamente disruptivos para la intimidad de una mujer. ¿Cómo son esos procesos cuando se viven a la fuerza?
Ejecutar la ley. Judicializar a una mujer que aborta es más rápido que detener y condenar al abusador. Lo saben quienes recurrieron a la Justicia en casos de abortos no punibles. Las primeras experiencias estuvieron marcadas por demoras burocráticas, objeciones de conciencia y la inexplicable difusión de sus datos personales: grupos antiabortistas las encontraban en los hospitales para pedirles cuidar “las dos vidas”.
En la legislación argentina, el aborto no punible está vigente desde 1921. Bajo determinadas circunstancias, las mujeres argentinas podían abortar antes que votar o discutir la potestad de sus hijos. Ese derecho jamás se implementó. Recién con un fallo de la Corte Suprema, en 2012, las provincias se vieron interpeladas para aplicar protocolos. Sólo diez provincias lo tienen. Salta lo implementó hace pocas semanas, luego de que se conociera el embarazo de una nena de 11 años. Mendoza lo discutirá la semana próxima. Buenos Aires aplicó uno que difiere parcialmente de lo dispuesto por la Corte: lo hizo en 2016, antes el tema se había cobrado la salida de la entonces ministra de Salud Zulma Ortiz. Santiago del Estero, San Juan, Catamarca, San Luis, La Rioja, Formosa y Corrientes, por ejemplo, no adhieren a la ley. Casualidad o no, se espera que los diputados de esas provincias hoy voten contra la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Los abortos clandestinos no incluirán también a quienes, beneficiadas por la ley de aborto no punible, no consiguen acceder a ese derecho y se condenan a la ilegalidad?
En esas mismas regiones tampoco se aplica la Ley de Educación Sexual, otro de los reclamos de los grupos que militan la despenalización: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Salida. Con poquísimo margen, hoy es posible una media sanción. La pelea en el Senado, que trataría el proyecto recién en los últimos cuatro meses de 2018, será una batalla aún más difìcil pero podría darle a Cambiemos aquello que hoy no consigue hacer crecer en las mediciones de imagen: sensibilidad social. El aborto a Macri podría ser lo que el divorcio a Alfonsín o el matrimonio igualitario a Cristina Kirchner. Un hito positivo en la gestión.
Para las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema que han decidido a interrumpir sus embarazos incluso en las peores circunstancias posibles, el amparo de una ley que las proteja significa mucho más. Seguir viviendo. Seguras y en libertad.
La sociedad civil abrió el debate sobre la despenalización del aborto. Entró el proyecto al Congreso, sin certezas de que salga la ley. Mucho menos de que se implemente con políticas públicas de largo plazo, a la altura del tiempo histórico que vivimos. Sin presiones ni falsa solidaridad.
