La senadora Vilma Ibarra presentó ante la Cámara alta un proyecto de ley que propicia asegurar el derecho de toda mujer a decidir la interrupción de su embarazo hasta la semana 12 de gestación, sin la necesidad de una autorización judicial.
"Este nuevo proyecto -que ingresó al Senado el mes pasado - es para despenalizar el aborto y no criminalizar a la mujer",
El texto establece el derecho de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo en distintas circunstancias, previstas en función de los plazos de gestación y de la salud de la mujer y el feto.
La posibilidad de abortar alcanza a los embarazos de hasta tres meses de gestación, y a los que fueron producto "de la comisión de un delito contra la integridad sexual ; si existe peligro para la vida o la salud de la mujer: y si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina", como en los casos de anancefalia.
"El proyecto propone una respuesta integral a la temática, por comprenderla como un problema grave de salud pública y por el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y de salud integral de las mujeres -las únicas afectadas- como derechos humanos", enfatizó la legisladora.
Según Ibarra, "la cuestión no es estar a favor o en contra. Nadie está a favor del aborto y en particular ninguna mujer, por su capacidad de engendrar vida. Sólo, seguramente, quienes lucran con el aborto, propician su práctica".
"El proyecto fue concebido partiendo del conocimiento real de que dicha práctica se efectúa en forma clandestina. En nuestro país el aborto es la primera causa de muerte de mujeres: se realizan más de 500 mil abortos por año", indicó.
"Porque, en definitiva, la criminalización del aborto no sólo no reduce su número, sino que éstos se siguen practicando en condiciones clandestinas con riesgos graves para la salud de la mujer, y en un número importante con el resultado muerte", afirmó.
Además, el proyecto plantea que, de realizarse sin la debida autorización de la mujer, por profesionales de la salud -médicos, parteras, farmacéuticos- se los inhabilite por el doble de lo establecido por la condena penal.
"En los casos de violación, uno de los hechos más traumáticos que puede sufrir una persona, esto de obligar a la víctima a llevar adelante un embarazo y un parto procedentes de ese hecho aberrante es penalizarla", consideró.
"La hospitalización por aborto se ha incrementado en nuestro país en un 57 por ciento desde 1995 a 2000 y el 40 por ciento de ellas corresponde a mujeres menores de 20 años", señaló.