El 72 por ciento de los jueces se negó a revelar su patrimonio

El 72 por ciento de los jueces a quienes la ONG Poder Ciudadano solicitó un detalle de su patrimonio, se negaron al pedido: de 89 magistrados consultados sólo 25 accedieron a revelar los datos.

De éstos 25, el 50 por ciento decidió dar la información en la medida en que se resguarden sus datos personales.

Según Poder Ciudadano, entre los que se negaron a la petición figuran los jueces federales de la Capital Federal Norberto Oyarbide, María Servini de Cubría, Claudio Bonadío y Rodolfo Canicoba Corral, así como los consejeros del Consejo de la Magistratura Beinusz Szmukler, Claudio Kiper, Luis Enrique Pereira Duarte, Victoria Pérez Tognola, entre otros.

Poder Ciudadano también había solicitado las declaraciones juradas a los jueces de la Cámara de Casación Penal, Cámara Federal porteña, Juzgados federales, y tribunales orales federales basándose en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Aparte de la magistratura, los jueces sólo pueden dedicarse a la docencia. Sin embargo, cuentan con beneficios importantes a nivel impositivo, como el de estar exentos de pagar el impuesto a las ganancias.

El fundamento legal de la consulta. La ley de Etica Pública y del Reglamento de Presentación y Consulta de Declaraciones Juradas Patrimoniales establece que "cualquier persona puede solicitar por escrito el Anexo Público de la Declaración Jurada Patrimonial Integral ante las autoridades que lo requieran".

También impone la obligatoriedad de algunos funcionarios de presentar una declaración jurada patrimonial, entre ellos, el presidente y vicepresidente de la Nación; senadores y diputados de la Nación; magistrados del Poder Judicial de la Nación; magistrados del Ministerio Público de la Nación; entre otros.

"¡Qué paradoja del destino! Este Poder Judicial que obligó hace años al Senado de la Nación a entregar copias de las declaraciones juradas de los senadores, respondiendo a un pedido realizado por Poder Ciudadano, hoy se niega casi corporativamente a entregar las de sus magistrados”, ironizó Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano.

Rechazo. Mientras la jueza Servini de Cubría argumentó que “no existe fundamentación alguna que amerite acceder a lo peticionado”, el juez Oyarbide optó por desacreditar a la ONG para rechazar lo solicitado: “Poder Ciudadano ha dado muestras en el pasado de emplear similar información con evidentes propósitos comerciales, al editar un libro con dicho contenido”, estimó.