A un mes de las inundaciones, el número oficial de fallecidos se incrementa. Ayer, el juez de Garantías Guillermo Atencio –a cargo de la investigación penal– confirmó que la cifra asciende a 60. Fue tras conocer los primeros resultados de una investigación que se abrió sobre otros 92 fallecimientos que podrían estar vinculados con el temporal (además de las 52 muertes de la lista oficial). De ese número, ocho casos se sumaron a la lista –a la que podrían agregarse dos más–, mientras que 29 fueron descartados. El resto de los 55 decesos continúan en estudio.
“Tenemos 60 y dos más que se están investigando y podrían ser producto de la inundación”, dijo el magistrado a Radio Provincia. El número fue confirmado por el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín. Hace dos días, al cumplirse un mes de la tragedia, los vecinos que se movilizaron por el centro de La Plata reclamaron, entre otras cosas, que se esclareciera la cantidad de fallecidos.
Atencio dijo que “el Código Penal establece que el delito se agrava con sólo haber puesto en peligro la vida o haberse producido la muerte de una persona”, en torno al número de fallecidos. Pero no descartó que pudieran ser más: “Es posible que alguna persona, a consecuencia de haber perdido todo, se deprima y que su muerte se produzca por esa depresión en dos años”, señaló.
Por su parte, el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias –esta semana fue ratificado en la causa– insiste con que hay cinco fallecidos más por la inundación y no figuran en la lista oficial; y se encuentra investigando diez casos más. Según estimó, los primeros diez días de abril murieron 300 personas en La Plata, muchos de ellos por neumonía, por lo que podrían agregarse más.
Así, las muertes del temporal están siendo investigadas en dos fueros: el Penal, que a través de la Fiscalía de Investigaciones Complejas se ocupa de la verificación de esos fallecimientos y su registro oficial; y el Contencioso Administrativo, que investiga posibles omisiones o errores administrativos en la identificación de las víctimas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también se encuentra asesorando a diez familias que consultaron por irregularidades, según dijo a PERFIL el secretario ejecutivo Alejandro Mosquera. Muchas de estas irregularidades se encuentran en los certificados de defunción, que desde el CPM también registran en las cárceles de la Provincia: “En general, las muertes en penitenciarías se registran como paro cardiorrespiratorio o por alguna secuela de HIV y nunca se explica la verdadera causante, que en varios casos es, por ejemplo, la violencia institucional que sufren. El mismo criterio se aplicó en las inundaciones, recurriendo a prácticas ilegales”.
Por otra parte, desde el CPM se está trabajando en el mapa de la inundación, en base a las muertes registradas entre el 2 y el 10 de abril. “Estamos investigando con testigos y relevando en las viviendas porque hay muchas muertes dudosas”, explicó Mosquera.
