El fallo de la Cámara de Apelaciones que reconoció que el Estado nacional es el principal encubridor del mayor atentado terrorista cometido en nuestro país merece algunos comentarios.
Por un lado, los jueces se negaron a convalidar los pedidos del Ministerio de Justicia. En particular, aquellos más brutales como su exigencia de eliminar cualquier referencia a la responsabilidad encubridora que el mismo Estado ya había reconocido en el Decreto 812/2005, hace más de 3 años. Los representantes de Justicia ni siquiera estaban dispuestos a reconocer los daños psicológicos que el atentado provocó en mis hijos menores de edad.
Por otra parte, este reconocimiento judicial de las responsabilidades del Estado aparece como contradictorio y hasta opuesto al despliegue de trámites que por estos días hacen el fiscal Nisman y el juez Canicoba Corral que, en nombre de una supuesta reparación integral de las víctimas, buscan aumentar el embargo preventivo sobre los bienes de remotos funcionarios iraníes. El mismo día que la Cámara firmó este fallo -el 23 de octubre-, el fiscal se puso a buscar un millón de dólares en cuentas extranjeras. Ahora que se da a conocer este fallo, el juez actualizó la cifra a 540 millones Entonces, ¿Nisman ahora va a trabar embargo sobre los bienes del Estado nacional?
El Gobierno que se propuso terminar con la ‘vergüenza nacional’ del pasado menemista y renovar la justicia, recurre ahora al chicaneo judicial. Después de haber hecho público el reconocimiento de responsabilidades y de pretender ser aplaudido por ello, busca ahora censurar la acusación y niega las pruebas del encubrimiento para no reparar a las víctimas.
En alguna medida se trata de un primer round donde el Gobierno mostró sus reales intenciones: limitar no sólo la indemnización que corresponde para los familiares que le iniciaron juicio hace 12 años y para todas las victimas del atentado sino, sobre todo, limitar las consecuencias políticas de su reconocimiento como encubridor.
En este sentido, le toca ahora a la Corte Suprema superar un planteo similar que vienen exigiendo la DAIA/AMIA y el Estado de Israel, para también “tachar” los dichos del fallo del juicio oral, que responsabilizó a “oscuros intereses del Estado” por la impunidad reinante en el caso AMIA, y así desviar cualquier responsabilidad del Estado argentino hacia la responsabilidad del ´terrorismo internacional´ representado por Irán. ¿Habrá algún fiscal capaz de asociar la ya reconocida responsabilidad encubridora del Estado con la responsabilidad criminal que le podría caber por este ataque terrorista de Estado bajo un régimen democrático?
Mientras se procesa este debate y para prevenir sus futuras consecuencias, la publicidad del fallo nos hace aparecer como receptores de una indemnización o beneficiarios de una pensión especial. Lo cierto es que el Gobierno no indemnizó a ninguna víctima y después de 15 años se propone seguir amparándose en las vías jurídicas para no hacerlo. Será la misma Corte Suprema la que decida si una indemnización de carácter alimentario puede ser pagada como se pretende con bonos defaulteados a más de 10 años de plazo.
Recientemente el Senado fracasó al intentar una solución de este tipo, vía un proyecto de Ley de Reparación que decía igualar a las victimas de AMIA con las del Terrorismo de Estado de la dictadura militar. Los bonos tienen un valor irrisorio, lo que constituye exclusivamente un negocio para los bancos en nombre de la reparación a las víctimas. Paradójicamente, a pesar de reconocer el encubrimiento del Estado, el fallo de la Cámara no se opone a estos manejos ajenos a cualquier reparación.
(*) Titular de la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), especial para Perfil.com
