La noticia tomó por sorpresa a propios y extraños. Después de casi ocho años, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reactivó la causa que les inició a los integrantes de la ONG Basta de Demoler, Sonia Berjman y Santiago Pusso.
Se trata de una demanda por casi 24 millones de pesos que se inició en 2013, a raíz de un amparo presentado por la ONG por la construcción de la estación de subte que se iba a erigir en la Plaza Intendente Alvear (Plaza Francia), declarada Área de Protección Histórica (APH), que fue diseñada por Carlos Thays en 1897. El amparo derivó en el freno de las obras por casi un año, hasta que se decidió finalmente levantar la estación Facultad de Derecho-Julieta Lenteri de la Línea H en el playón de estacionamiento que existía frente a esa casa de altos estudios. El Gobierno quería que los demandados se hicieran cargo de los costos que implicó esa modificación en el plano original del proyecto.
"Mi esposo y yo tuvimos que autoexiliarnos en Uruguay", cuenta Sonia Berjman
“La verdad es que nos tomó por sorpresa la decisión del gobierno porteño de reactivar este juicio, sobre todo porque en su momento el Gobierno había reconocido, no explícitamente, pero sí en los hechos, el error de esta demanda, cuando decidió construir la estación de subte junto a la Facultad de Derecho. Es un juicio contra dos ciudadanos que recurrieron a la Justicia para salvar una plaza histórica. Nunca lo vamos a entender”, afirmó, sin ocultar su preocupación, Santiago Pusso, uno de los demandados por el Estado porteño.
“La obra la frenó la Justicia, no Basta de Demoler, Sonia o yo. La ONG recurrió a la Justicia, quien estudia los fundamentos para dictar el amparo y considera si los fundamentos presentados son apropiados o no para frenar una obra del gobierno porteño”, agregó, durante su charla con PERFIL.
Sin ocultar su preocupación por el caso, Pusso explicó que los argumentos del amparo presentado “están fundamentados en la legislación vigente de la Ciudad que el Gobierno incumple con este tipo de obras”.
La avanzada de la administración local se dio el 7 de septiembre a través de una presentación de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 6 de la Ciudad de Buenos Aires para que “se reanuden los plazos procesales” del caso que arrancó en noviembre del 2013.
En los últimos días, y luego de que se rechazaron las excepciones presentadas, los abogados contestaron las demandas, y todo parece encaminarse hacia una sentencia en primera instancia.
Berjman, quien actualmente vive en el extranjero a raíz de esta situación, es una férrea defensora del patrimonio urbano y paisajístico de la Ciudad. Doctora en Historia del Arte y Paisajismo Urbano y con un posdoctorado en Harvard, además de su paso por la Sorbona de París, sus credenciales siempre avalaron sus reclamos en cuestiones que afectan al patrimonio urbano. Ante la consulta de este diario sobre esta situación, respondió a través de un mensaje de texto: “Tengo 76 años, dediqué medio siglo de vida para estudiar, difundir y defender el patrimonio cultural de Buenos Aires. A raíz de este juicio, y para tratar de continuar con una vida algo normal, mi esposo y yo tuvimos que autoexiliarnos en el Uruguay. Aprendimos a convivir con este gran dolor y decidí hace años no gastar ni tiempo ni energía con este tema. Mi abogado continuará con las gestiones necesarias. De mi parte solo habrá silencio. Gracias a todos por el apoyo en este largo tiempo”.
En este sentido, su representante legal, Andrés Gil Domínguez, explicó a PERFIL que “la causa estaba frenada porque interpusimos excepciones, pero parece que hay ciertos halcones que subsisten que no quieren desistir porque consideran que es una forma de amedrentar al resto de los vecinos y ONG que quieran interponer recursos de amparos ambientales. Hay que pensar que Sonia hizo esto para beneficio de la Ciudad, de los vecinos y lo logró”, puntualizó Gil Domínguez.
“No se entiende por qué el gobierno porteño quiere condenar a alguien que propuso un cambio de lugar de una estación de subtes que terminó construyendo donde los proponían BDD, Sonia y Pusso. Le pido al gobierno porteño que revise esta situación, sobre todo a Horacio Rodríguez Larreta. No se condice con su forma de gobernar, de construir y de lo que propone a futuro para el país”, señaló el letrado.
Si bien en algún momento se evaluó la posibilidad de acordar entre las partes, el arreglo no prosperó por diferencias a la hora de determinar quién afrontaba las costas judiciales.
Desde la Procuración de la Ciudad, en tanto, aseguraron a PERFIL que en su momento “se hizo una gestión para tratar de alcanzar un acuerdo. La idea era que cada parte se hiciera cargo de los honorarios de sus abogados, pero una de las partes no quiso. Con lo cual el juicio siguió”. En esta dirección, las fuentes consultadas señalaron que “lo importante era terminar con el proceso judicial, el tema de los honorarios era menor. Ahora la causa sigue”, señalaron por último desde esa dependencia porteña.
Cuestionan al Parque del Golf
Organizaciones ambientales y políticas consideraron “un engaño” la audiencia pública convocada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para analizar el Parque del Golf que planea construir en Costa Salguero, ya que la licitación de la obra está avanzada.
Además, acusaron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de dejar “retazos” de espacios verdes “que le sobran de su política de reprivatización de la Costanera” y de ignorar la iniciativa popular que propone destinar Costa Salguero y Punta Carrasco a un parque público.
Así lo afirmaron durante las jornadas de la audiencia que se realiza de manera virtual y tiene al menos cien oradores inscriptos.
“Es un engaño porque ya está convocada la licitación”, dijo María Elena Naddeo, quien dirige el área de Niñez de la Defensoría del Pueblo porteña y fue legisladora de la Ciudad.
Naddeo consideró, además, que la audiencia “tiene un problema de falta de legitimidad”, porque en ella se discute sobre el destino de “un terreno que es parte de un proyecto más grande que fue debatido por miles de vecinos, que alcanzó un consenso y que concluyó con la presentación de una iniciativa popular que tiene estado parlamentario”.
