Una orden judicial lo ordenaba. Las cámaras de televisión y más de quinientos efectivos de las fuerzas policiales indicaban su inminencia. Sin embargo, el desalojo del predio de Lugano, ocupado hacía cuatro días por unas trescientas familias que reclamaban viviendas, quedó en suspenso y la semana que viene el gobierno de la Ciudad y los usurpadores volverán al diálogo para intentar llegar a un acuerdo y buscar una salida pacífica.
Pasadas las 17.30 de ayer, hubo momentos de tensión. La Policía Metropolitana desembarcó en el lugar con la supuesta intención de allanar y desalojar el terreno ubicado sobre la avenida Fernández de la Cruz y la calle Pola. De hecho, el comisionado de la fuerza de seguridad porteña, Fernando Cullado, se había acercado a la zona donde estaban los ocupantes para leerles la decisión del juez Gabriel Vega. El mensaje fue claro: en menos de treinta minutos debían abandonar el lugar o la Policía iba a tener que actuar.
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Los minutos pasaron y la negativa de los ocupas se mantuvo. Sin embargo, cerca de las 18.30, hora en que los efectivos debían dar un paso al frente, dieron marcha atrás y, sorpresivamente, dejaron la zona.
El hecho dio lugar a distintas versiones. Allí, legisladores de la oposición que habían conformado un cordón humano para impedir el avance de las fuerzas policiales, explicaron que el retroceso se produjo a partir de un recurso de amparo presentado por el representante de los usurpadores, Luis Duacastella, ante la Cámara Penal Contravencional y de Faltas. Y cerca de las 19.30 Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social del GCBA, confirmó que “el desalojo se suspendió por una orden judicial”.
El fiscal Gabriel Unrein, en cambio, reveló minutos después que el avance de las fuerzas policiales se frenó porque previamente se llevaron a cabo tareas de inteligencia en las que se pudo determinar que en el lugar había personas drogadas y armadas, de modo tal que la intervención policial podía representar un peligro para las familias con niños pequeños que aún permanecían en el lugar. Además, explicó que los quinientos efectivos de la Metropolitana no eran suficientes para actuar en el lugar. “Por ello, se requirió la colaboración de la Policía Federal y la Gendarmería. Pero, como no se produjo, el juez dispuso que por la falta de cooperación de las fuerzas federales se suspenda la medida”, sostuvo Unrein.
En tanto, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, afirmó que el fiscal “debió haber actuado antes y no quiso trabajar, y ahora pretende responsabilizar a las fuerzas federales”.
Y agregó: “cualquier ciudadano puede entender que a las 16.30 no puede armarse un operativo extraterrestre, hubo una falta de profesionalismo absoluto de la Policía Metropolitana”.
Los legisladores de la oposición Marcelo Ramal (FIT), Alejandro Bodart (MST), María Rachid (FpV) y Gustavo Vera (Verde Alameda) confirmaron que la semana que viene van a encarar una serie de reuniones “a puertas cerradas” con funcionarios de la Ciudad para darles una solución habitacional a estas familias.
En diálogo con la prensa, Stanley acusó a los ocupantes de utilizar “métodos extorsivos”. Y agregó que la “usurpación no es la forma de conseguir viviendas”. Por la noche, en el ministerio de Desarrollo Social, Stanley, Marina Klemensiewicz (secretaria de Hábitat e Inclusión Social) y Carmen Polledo (presidenta del bloque PRO de legisladores) mantuvieron un encuentro con legisladores opositores en el que se propuso plantear el tema del déficit habitacional en reunión de la Comisión de Vivienda de la Legislatura.
