Cuando Juan Rafael Pacífico Dabul decidió adoptar un pseudónimo para ser reconocido en su carrera artística, seguramente jamás imaginó que Juan Darthés no solo se convertiría en un conocido apodo, sino también en la forma de identificar al prototipo de varón deleznable.
El objetivo de esta nota no es Darthés, ni las consecuencias que tantos supuestos “Darthés”, con sus eventuales fechorías, pudieran generar en el cuerpo y el alma de sus víctimas. Por el contrario, en estas líneas pretendo poner de relieve el vacío institucional que los hechos denunciados y sus derivaciones han producido en el andamiaje estatal y en el seno de una sociedad herida por donde se la mire.
Reconozco que escribo esta nota con máximo cuidado y eligiendo cada palabra para evitar malas interpretaciones, porque es sabido que cuando el corazón late aceleradamente, se achica el espacio para el imperio de la razón.
El Código Penal argentino dispone una pena de entre seis y quince años de prisión o reclusión para los violadores de menores de trece años o de individuos de cualquier edad en la medida en que el acto sea perpetrado con violencia, amenazas o abuso de poder. La pena es de entre seis meses y cuatro años cuando se trate de abuso sexual sin acceso carnal. Ambos casos están tipificados como delitos contra la integridad sexual y, porque afectan de un modo tan profundo la psiquis de las víctimas, están quienes los consideran más graves que el homicidio mismo.
Soy de los que cree que el Código Penal debería contemplar la pena de muerte para los violadores de menores de edad o mayores discapacitados, y la prisión perpetua en el caso de que las víctimas sean adultos no incapaces. Esta afirmación tiene un sentido estrictamente filosófico y carece de fundamentos jurídicos, por cuanto la Argentina ha adherido al Pacto de San José de Costa Rica, en cuyo artículo cuarto se establece que los países que, como el nuestro, al momento de incorporarse ya habían abolido la pena de muerte en su legislación interna, no pueden volver a aplicarla en ningún caso. Sin embargo, me lanzo a afirmar que es la pena máxima la que deberían sufrir aquellos detestables seres humanos que tuvieran la osadía de violar a menores o incapaces, no porque ello fuera penalmente posible, sino porque es lo que mi condición humana me lleva a sentir.
Con esta aseveración quiero poner de relieve la repugnancia que me produce un violador, a quien como profesional del derecho me negaría a defender, aun cuando tenga el constitucional derecho a ser defendido. Pero también me pregunto cuál es el marco institucional y social en el que debería declararse la culpabilidad del acusado; y es allí cuando de inmediato respondo: “En la Justicia”. No podría ni debería ser de otro modo en un Estado de derecho republicano, porque si aceptáramos la posibilidad de que un grupo de ciudadanos (varones o mujeres), utilizando el poder de los medios periodísticos, tuvieran la posibilidad de condenar a un sujeto al que se ha denunciado por cualquier delito, comenzaría a perder sentido toda la estructura organizacional denominada “Estado”, cuya existencia tiene por objetivo, precisamente, evitar que reinen el caos y la anarquía social.
Cuando durante la semana escuchaba perplejo las gravísimas acusaciones contra Darthés, por un lado me invadía la indignación al suponer que podrían ser ciertas, pero por el otro me corría un escozor al preguntarme qué podría ocurrir si este personaje fuera inocente.
De cualquier modo eso ya no importa, porque estamos asistiendo a un espectáculo demoledor: medios, periodistas, actores, actrices y comunicadores dictando sentencia en una suerte de fusilamiento mediático contra un presunto inocente. Es claro que, de resultar culpable, me regocijaría viéndolo terminar su vida entre rejas, por atroz y por despreciable; pero aun cuando en el futuro la Justicia pudiera convalidar que todo lo que el ambiente artístico y mediático le imputa a Darthés es cierto, seguiría pensando que no son ellos quienes deberían haberlo decidido. Es que mi mente jurídica me indica que, mientras eso no sea así, hay un presunto inocente para el que las consecuencias de este fusilamiento mediático ya no podrán ser reparadas por ningún eventual sobreseimiento judicial, si es que lo mereciera.
Por un lado es una realidad que las mujeres ya no tienen miedo de denunciar, lo cual es maravilloso, pero por el otro no solo sueño con un país en el que se apliquen las máximas penas a quienes se atrevan a violentar la integridad sexual de las mujeres, sino también con un país en el que la existencia de una Justicia expeditiva y severa constituya el dique de contención contra las condenas sociales y populares de presuntos inocentes. Me pregunto si alguna vez llegaré a disfrutarlo.
*Prof. Der. Constitucional UBA, UAI y UB.
