El Gobierno porteño y la mujer a la que impidieron someterse a un aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires apelaron la suspensión de esa práctica, mientras legisladores y comuneros denunciaron a Mauricio Macri por difundir datos que posibilitaron a grupos antiabortistas frenar la interrupción del embarazo.
El procurador general de la ciudad, Julio Conte Grand, presentó la apelación ante el juez civil de primera instancia 56, Miguel Guiraldes, para que haga lugar a la presentación y eleve la causa a la Cámara, informaron a DyN fuentes judiciales.
La presentación se sumó a la apelación que interpuso el abogado de la mujer embarazada, víctima de trata de personas, para que la Cámara habilite el aborto, suspendido por la jueza nacional civil Myriam Rustán de Estrada. El juez Guiraldes se declaró incompetente para intervenir en las apelaciones y envió los escritos a su par Rustán de Estrada, por lo que ahora será la Cámara la que deberá resolver cuál de los magistrados interviene.
El abogado de la mujer, Pablo Vicente, también pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare la incompetencia de la jueza por trabar la interrupción del embarazo. El aborto no punible, el primero en la ciudad tras la reglamentación del protocolo para el sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires, estaba previsto realizarse ayer en el Hospital Ramos Mejía.
La interrupción del embarazo fue suspendida por la jueza Rustán de Estrada a raíz de una medida cautelar presentada por el abogado Pedro Andereggen, de la Asociación Pro Familia, quien pidió que no se realice el aborto.
En tanto, legisladores y representantes de comunas porteñas denunciaron penalmente a Macri por haber hecho público datos privados y sensibles sobre la interrupción del embarazo, que posibilitaron frenar la intervención.
Fuentes judiciales informaron que la denuncia detalló que Macri hizo ese anuncio durante una cena de Consenso Republicano, que conduce el exdiputado y exjefe de la Sociedad Rural Guillermo Alchourron, donde reveló que se realizaría en el hospital Ramos Mejía a una mujer violada y obligada a prostituirse.
"Queda en evidencia que las declaraciones públicas del Jefe de Gobierno sirvieron para que personas ajenas y sin injerencia en los derechos a la salud de la mujer invocada presentaran, en distintos fueros judiciales, medidas tendientes a impedir la realización del aborto no punible", sostuvo la presentación.
"La información divulgada por el Jefe de Gobierno constituye datos de carácter sensible que deben ser reservados en virtud de las normas locales" y que "no debieron trascender el ámbito íntimo de la relación médico-paciente", agregó.
En ese sentido, advirtieron que "deberá investigarse también cómo aquella información trascendió de forma tal que llegó a conocimiento del Jefe de Gobierno" y expresaron que es evidente que la "mujer no confió su situación de manera directa al ingeniero Macri".
Los denunciantes, la integrante de la comuna 13 Julieta Costa Díaz y los legisladores porteños opositores Gabriela Alegre, Jorge Selser, Gabriela Cerrutti y Alejandro Bodart, entre otros, afirmaron que la Justicia debe investigar si Macri infringió la ley 153, de Salud Básica de la Ciudad de Buenos Aires, y la ley 1845, de Protección de Datos Personales.
Bodart, por su parte, anunció que denunciará penalmente al director del Hospital Ramos Mejía y explicó que "el 1º de octubre, el doctor Carlos Mercau quiso dar de alta a la paciente sin practicarle el aborto".
"En vez de proteger a la mujer dejó filtrar los datos confidenciales que permitieron el escrache y el amparo medievales", sostuvo el legislador en un comunicado.
