El Gobierno porteño anunció que tomará el control del sistema de acarreo de vehículos mal estacionados en la Ciudad de Buenos Aires hasta que defina la nueva licitación, forzado por la formación del "frente anti-grúas", que reúne a las fuerzas opositoras (libertarios, izquierda y kirchneristas) que convocó a una sesión en la Legislatura local para este jueves con el objetivo de suspender el contrato de las empresas que explotan el servicio.
La medida, dispuesta por decreto que será publicado este miércoles en el Boletín Oficial, surge tras la presión del arco opositor porteño que denunció semanas atrás las irregularidades de la actual concesión, detectadas en un informe de la Auditoría General de la Ciudad, entre las cuales se encontró que el canon que pagan las empresas que tienen a cargo el servicio permanece congelado en 55 mil pesos desde 2014.
"La Ciudad ha decidido hacerse cargo del servicio de acarreo de manera transitoria hasta tanto termine el proceso de licitación y el nuevo concesionario entre en funciones", adelantó el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, quien comunicó la decisión durante una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para explicar los alcances del nuevo examen para las licencias de conducir.
En rigor, la administración local abrió el llamado a licitación a fines de julio para renovar la concesión que permanece en manos de dos empresas (Dakota SRL y BRD-SEC) con un contrato desde 1990, que venció hace 20 años, aunque siguieron operando con prórrogas, consignó la agencia Télam.
Según indicó Miguel, en diciembre vencía el plazo otorgado por ley para poner en funciones al nuevo concesionario, por lo cual evaluaron que no iban a llegar con los tiempos, entonces avanzaron en trabajar junto a los referentes de Juntos por el Cambio que conforman el interbloque en la Legislatura "en una modalidad que permita recorrer la etapa de transición" hasta dar con el nuevo concesionario.
La aclaración del funcionario respecto del trabajo coordinado entre todos los partidos que integran la alianza de Gobierno en la Ciudad respondió a la intención de desestimar las versiones que señalaron que algún bloque del oficialismo -como la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, en medio de la interna nacional- podría prestar el quórum necesario para la sesión del jueves.
El frente anti-grúas en la Legislatura porteña
La convocatoria legislativa apunta a poner en debate en el recinto del Parlamento porteño una serie de expedientes referidos al servicio de las grúas de acarreo actual, entre ellos el pedido de suspensión de la concesión que impulsa el Frente de Todos, la solicitud de informes sobre los contratos y la creación de una comisión investigadora que estudie el tema.
Para lograr que la sesión comience se requiere un quórum de 31 legisladores, cifra que la oposición no alcanza dado que cuenta con 28 escaños, por lo que se especuló que las tres bancas restantes podrían ser aportadas por los diputados de la CC.
Sin embargo, el titular del bloque de la CC, Facundo Del Gaiso, evaluó que "con el anuncio, donde la Ciudad se hace cargo del servicio de acarreo hasta que se adjudique, no tiene sentido realizar la sesión especial".
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En declaraciones a Télam, el presidente del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, aseguró que ninguno de los 32 legisladores del oficialismo darán quórum el jueves y agregó que "votar la suspensión representa una irresponsabilidad porque el acarreo es un servicio público importante de la Ciudad".
Desde el arco opositor, en tanto, el legislador del FDT Juan Manuel Valdés dijo que el anuncio del Gobierno porteño "es un logro de la oposición que constituyendo el frente anti-grúas puso sobre la mesa este negociado que recauda a expensas de los contribuyentes. Esperamos un sistema de tránsito que priorice el derecho a la circulación y no el lucro de unos vivos".
"La sesión del jueves se tiene que realizar porque hasta el día de hoy no presentaron ninguna medida concreta y no sabemos cuál va a ser el futuro del sistema de acarreo que tanto daño le causó a los vecinos y tanto estrago a las arcas públicas con un esquema irrisorio de concesión", explicó Valdés al ser consultado por Télam respecto de la vigencia del llamado.
"El ámbito para debatir es la Legislatura", remarcó, y planteó que "buscamos hacer una comisión investigadora para dilucidar qué paso en estos años donde se otorgaron siete prórrogas a estas empresas".
ED
