Vecinos y comerciantes de la zona no recuerdan un caso igual. Dentro del programa de peatonalización del centro porteño que encaró el Gobierno de la Ciudad, las obras sobre la calle Bolívar, en el tramo que va desde Alsina hasta Moreno, fueron las que más apoyo y consenso encontraron entre los habitantes de la zona. Sin embargo, los trabajos allí permanecen parados desde el día en que iban a iniciarse –el 24 de mayo pasado– y esos cien metros están cerrados al tránsito desde hace una década.
En mayo de 2003 la estructura edilicia de la iglesia San Ignacio de Loyola, construida en 1734, se vio seriamente afectada por el paso del tránsito vehicular y de cinco líneas de colectivos por su frente. Vecinos y el cura párroco se pusieron de acuerdo y colocaron vallas para que nadie pudiera transitar por allí. Ya en 2002, con la sanción de la Ley Nº 954, se había prohibido la circulación del transporte público de pasajeros. Y a partir de la Ley 3.643, de 2010, se restringió formalmente el paso vehicular a autos de menor porte.
El lugar ya es casi una extensión del patio del Colegio Nacional de Buenos Aires. Allí los alumnos juegan al fútbol, andan en skate y hasta organizan picnics. Además, la basura acumulada en el cruce con Alsina gana protagonismo, igual que las motos, estacionadas libremente a lo largo de toda la cuadra. Pero el principal problema de estos días es que, pese a la imagen de obra permanente que tiene la calle, los trabajos de peatonalización se detuvieron a partir de un recurso de amparo presentado por la ONG Basta de Demoler debido a que la nivelación de la calzada con las veredas –como contemplaba el plan original– es una iniciativa que, según la entidad, violaría la normativa del casco histórico, catalogado como APH1 (área de protección histórica).
Para Santiago Pusso, de Basta de Demoler, esa modificación atentaría contra la historia y la arquitectura coloniales. “No se pueden alterar las dimensiones de las calles y aceras del casco histórico, nos basamos en normativas internacionales de protección histórica. Este tipo de nivelación va en contra de esas leyes”, explicó a PERFIL.
Mientras tanto, vecinos, comerciantes y funcionarios del gobierno porteño confían en que la Justicia va a habilitar la continuación de los trabajos. “Creemos que la Justicia nos va a dejar seguir trabajando. Pero más allá de las diferentes posturas, nadie puede discutir que estas intervenciones modifican para bien la calidad de vida de los vecinos, como sucedió sobre la calle Perú. Dejó de ser un lugar de paso y se convirtió en un espacio de encuentro. De todas maneras, somos respetuosos de la Justicia y hasta tanto no
se expida no vamos a reiniciar las obras”, indicó a PERFIL el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín.
“La peatonalización de Bolívar era un reclamo de varios años y un proyecto consensuado entre vecinos y comerciantes de la zona, arquitectos, historiadores y funcionarios del Gobierno”, explicó el padre Francisco Baigorria, párroco de la histórica iglesia San Ignacio de Loyola, ubicada al lado del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Vecinos al ataque. La suspensión de las obras también motivó críticas y reclamos por parte de los comerciantes de la cuadra de Bolívar al 200. “Después del retiro del vallado que se había instalado, el mayor peligro son las motos. No respetan ni a los alumnos del colegio ni a los transeúntes. Estamos a favor de las obras, son necesarias para el barrio”, se quejó Isidoro Levy, un comerciante con más de sesenta años de presencia en la cuadra.
Según el plan creado por la cartera de Desarrollo Urbano, las obras sobre Bolívar iban a demorar unos cuatro meses y tenían fecha de finalización a fines de septiembre. El proyecto también incluía la calle Alsina, entre Perú y Defensa. La inversión total era de unos $ 10.500.000, pero el expediente descansa en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 23 de la Ciudad, a cargo de Francisco Ferrer.
