La discusión parlamentaria del proyecto de Ley de Modernización Laboral se da en un contexto marcado por el deterioro persistente del empleo formal en la Argentina. Lejos de revertir una tendencia estructural, un estudio señala que la propuesta del Ejecutivo no es suficiente para quebrar esta dinámica. Los últimos datos muestran que el trabajo registrado continúa perdiendo peso, mientras crecen modalidades más precarias como el cuentapropismo y la informalidad, que funcionan como válvulas de escape frente a la falta de generación de puestos asalariados.
Según un estudio de Síntesis Económica Semanal del 2 de febrero de 2026, elaborada por la Fundación Capital, desde la asunción de Javier Milei se destruyeron 177.000 puestos asalariados privados registrados, a lo que se suma una reducción de 63.000 empleos en el sector público, lo que eleva la pérdida total a 240.000 puestos de trabajo. El dato más preocupante es que la caída no se detuvo: entre junio y octubre se encadenaron cinco meses consecutivos de bajas en el empleo privado formal, en un escenario de actividad económica estancada.

Frente a este retroceso, el mercado laboral mostró una reconfiguración defensiva. El trabajo independiente y no registrado absorbió parte del impacto: desde noviembre de 2023 se incorporaron 106.000 monotributistas y autónomos, mientras que al tercer trimestre de 2025 se contabilizaban 280.000 trabajadores independientes no registrados más que un año atrás. Sin embargo, este corrimiento tiene costos evidentes: menos aportes a la seguridad social, menor cobertura sanitaria y un debilitamiento del sistema previsional.
La informalidad, de hecho, alcanzó niveles elevados. Al cierre del tercer trimestre de 2025, el 44% de las personas ocupadas se encontraba fuera de la legislación laboral vigente. La tasa trepa al 65% entre los cuentapropistas y al 36,7% entre los asalariados, lo que implica que casi la mitad de los trabajadores carece de aportes jubilatorios, ART, licencias y protección legal básica. El informe advierte que esta dinámica explica por qué menos de un tercio de los jubilados actuales accede a beneficios plenamente contributivos.
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En ese marco se inscribe el proyecto de modernización laboral que comenzará a debatirse en el Senado durante las sesiones extraordinarias. Según analizó el mencionado estudio, a iniciativa apunta a reducir la litigiosidad, actualizar una normativa pensada para otro esquema productivo y flexibilizar aspectos de la organización del trabajo. Entre otros puntos, redefine con mayor precisión la relación entre trabajo asalariado e independiente, crea un fondo para el pago de indemnizaciones, limita honorarios judiciales y habilita "nuevas modalidades" como el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones.

El análisis de Fundación Capital advierte que el impacto del proyecto sobre los costos laborales sería acotado y concentrado en nuevos empleos, sin resolver el problema de fondo. La pérdida de peso del empleo privado registrado es una tendencia que se arrastra desde hace al menos una década y que no parece revertirse únicamente con cambios normativos.
Entre 2012 y 2025, los asalariados privados crecieron apenas un 3%, mientras que el aumento del empleo registrado se explicó mayormente por el cuentapropismo y el empleo público.
En su conclusión, el informe es categórico: la modernización laboral aparece como una condición necesaria, pero claramente insuficiente. Sin una agenda productiva y de desarrollo económico-social que impulse un crecimiento transversal y sostenido, la destrucción del empleo formal seguirá encontrando terreno fértil.
GD/ML