Cada vez que llueve, los vecinos de La Plata recuerdan lo que fue una de las peores catástrofes que tuvieron que vivir. Es que el pasado 2 de abril, una terrible tormenta descargó más de 400 milímetros en menos de dos horas, dejando a media ciudad bajo el agua.
La ayuda oficial tardó en llegar y, lo que colmó la indignación de los vecinos, fue cuando el intendente local Pablo Bruera pubicó una foto en su cuenta personal de Twitter que aludía a una supuesta recorrida por los centros de evacuados, cuando finalmente Perfil.com descubrió que estaba de vacaciones en Brasil y que la foto era vieja. El intendente arribó al otro día y adujo que todo “se trató de un error” en la comunicación.
Un día después, frente a la catástrofe que había generado la inundación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó a la capital bonaerense acompañada por los secretarios de Seguridad, Sergio Berni, y de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, y el diputado del Frente para la Victoria, Andrés Larroque, para recorrer las zonas afectadas.
El misterio de las muertes. Durante los primeros días después de la inundación, gran cantidad de denuncias sobre las víctimas llevó al defensor penal juvenil Julián Axat a iniciar una primera medida sobre la revisión del registro de personas fallecidas.
“Axat temía que hubiera menores víctimas de la inundación que no estuvieran declarados. recorrimos todos los lugares donde se prestaba asistencia, también recorrimos la morgue, el arroyo El Gato para corroborar esa información con resultados negativos”, contó a este portal el juez Luis Arias, quien lleva adelante la investigación.
“Pero a partir de allí pudimos constatar víctimas que en principio habrían fallecido por la inundación y que no estaban declaradas, habían muerto ahogadas en la vía pública y no habían sido declaradas”, agregó el magistrado. Las denuncias sobre la cantidad de víctimas lo llevó a un enfrentamiento sin precedentes.
“Comezamos a recibir más información vinculada con otras víctimas que también las dimos a conocer y esto generó una enorme conflictividad con el poder político, puntualmente con el entonces ministro de Seguridad, Ricardo Casal quien negó enfáticamente esta posibilidad acusándonos de irresponsables. Pero las pruebas y las víctimas siguen apareciendo” disparó el juez Arias.
“En determinado momento declaramos la reserva del expediente, para no generar polémicas públicas con respecto a las personas fallecidas y por respeto a los familiares de las víctimas”, agregó el magistrado. El Gobierno bonaerense cerró la cifra de los muertos de la inundación en 60, mientras que, según la última información que circuló sobre la investigación que lleva adelante el juez Arias, los fallecidos serían bastantes más.
La sentencia con los datos de la investigación se darán a conocer a principios del 2014. “Yo en su momento pedí una reunión con el Gobernador para ponerlo al tanto de estas irregularidades. Yo creo que los decesos es una cuestión importante pero también es muy importante el tratamiento que se le hace a los decesos, las irregularidades que hoy pueden comprobarse son de muchísima gravedad”, finalizó Arias.
