Una bicicleteada en defensa de la Ley de Glaciares llegará el martes a la Ciudad de Buenos Aires. La movilización partió hace nueve días desde Jáchal, San Juan, ciudad afectada -según denuncian- por los derrames de cianuro de la mina Veladero. La protesta será para rechazar las declaraciones de funcionarios de la actual gestión, quienes han manifestado la intención de modificar dicha ley.
Jáchal es un pueblo sanjuanino de 10 mil habitantes aparentemente afectados por los derrames de cianuro de la mina Veladero, operada por la transnacional Barrick Gold.
En protesta, los integrantes de la "Asamblea Jachál no se Toca" se presentarán en las puertas del Congreso a las 11.00 tras recorrer 1.400 km en la movilización que comenzó el 19 de febrero. La distancia es la misma que recorre el agua de los Glaciares de los Andes hasta el mar Atlántico.
Funcionarios de la actual gestión han manifestado la intención de modificar "negativamente" la Ley Nacional de Protección de Glaciares para "reducir las áreas protegidas y así favorecer a las grandes transnacionales, para que avance la explotación minera", explicó el abogado ambientalista, Enrique Viale.
"Necesitamos tu apoyo real, no sólo virtual. Los glaciares y el área periglacial constituyen una vital reserva y fuente de agua dulce", comentó en su blog.
La Ley de Glaciares fue aprobada en 2010, y, según Viale, constituye un hito fundamental en la protección de recursos hídricos y la defensa del ecosistema de la cordillera de los Andes, hoy amenazados por el avance de la megaminería.
"Una de las claves de esta ley es su artículo 2 que delimita el ambiente periglacial, protegiendo estas zonas fundamentales en el ciclo de producción del agua dulce. El cumplimiento de esta ley impedía el establecimiento de los emprendimientos megamineros y el uso indiscriminado de recursos hídricos para los millones de litros diarios que necesitan para realizar sus tareas extractivas", explicó el abogado ambientalista.
"Hoy, como en 2010, el Gobierno Nacional y gobernadores promineros, pretenden engañar a la sociedad diciendo que esta ley implica una definición muy amplia de la zona periglacial. Pero lo cierto es que, en su artículo 6, la ley prohíbe diversas actividades -no sólo la minería- en una muy pequeña porción de nuestro territorio. A escala nacional, puede estimarse que la ley sólo protege en torno al 1% del territorio argentino. Y es sobre ese 1% que protege la ley contra el cual lanza su ofensiva prominera el Gobierno", amplió.
Siguiendo esa línea, Viale expresó: "Desde su aprobación, la Ley de Glaciares ha sido constantemente vapuleada y obstaculizada, impidiendo su aplicación plena y efectiva. Por ejemplo, de haberse aplicado, no se hubiesen producido los tres derrames de cianuro de la mina Veladero que contaminaron cinco ríos, pues ésta debería haber sido clausurada por encontrarse dentro del ambiente periglaciar".
"En realidad, lo que el Gobierno y las empresas quieren ocultar es que existen más de 40 proyectos mineros de gran escala que colisionan con la ley y que podrían llevarse a cabo si logran su modificación a medida, reduciendo su zona de protección. Ello generará graves e irreversibles impactos ambientales sobre nuestras cuencas hídricas y daños irreparables en la vida de los pueblos", señaló.
Por último, el abogado ambientalista recordó el acampe de protesta en la plaza central de Jáchal que viene efectuando la asamblea del pueblo desde el derrame de cianuro del 2015. "Ante la impunidad de Barrick Gold y la complicidad gubernamental, se realiza esta gran bicicleteada atravesando buena parte del país. Porque el agua vale más que el oro", sentenció.