El día después de la gran movilización que conmovió a la sociedad argentina tiene que seguir con la responsabilidad de llevar adelante las obligaciones que tocan a los distintos actores políticos, en los tres poderes del Estado y en todas las jurisdicciones. Sobre todo, tiene que dar muestras efectivas de esa responsabilidad dando cuentas a la sociedad de las acciones que llevan adelante, de los recursos que destinan, los objetivos que se proponen y la evaluación de sus resultados.
Si de declaraciones de principios se trata, ya tenemos un marco normativo sumamente amplio. Pero los tratados internacionales de derechos humanos y las leyes son mucho más que simples promesas y declaraciones: son obligaciones legalmente exigibles que el Estado debe cumplir y que la sociedad debe hacer valer. Como sociedad, debemos mantener el compromiso manifestado en forma masiva no sólo en la exigencia de más y mejores políticas públicas, sino también en la obligación moral de revisar profundamente nuestras prácticas cotidianas, que son las que muchas veces sostienen las condiciones estructurales de desigualdad que perpetúan las violencias.
*Directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).
