Masacre de Pompeya: Carrera quedó en libertad después de siete años

La justicia ordenó este mediodía la excarcelación de Fernando Carrera, condenado a 30 años de prisión por la denominada "Masacre de Pompeya", después del fallo de ayer de la Corte Suprema que dispuso revisar todo el proceso.

El caso saltó a luz pública de manera masiva a través de la película "The Rati Horror Show", realizada por el ex piloto aeronáutico y cineasta Enrique Piñeyro, quien se convirtió en una suerte de cuestionador público del fallo del tribunal que sentenció a Carrera.

Todo ocurrió el 25 de enero de 2005, cuando un auto que iba por la avenida Saenz, del barrio porteño de Pompeya, arrolló a cinco personas que estaban cruzando la calle: dos mujeres y el hijo de una de ella murieron.

Se creía que el vehículo había sido robado momentos y que el conductor, Carrera, estaba escapando de la policía. Carrera fue detenido luego de recibir varios disparos por parte de la policía, y al llegar a juicio aseguró que era inocente y que era víctima de una "conspiración" policial.

Pero el Tribunal Oral en lo Criminal 14 lo condenó a 30 años de cárcel tras calificar de "insólita" la versión del acusado para aludir a un hecho de "gatillo fácil". El fallo fue confirmado en Casación pero ahora -en medio de la huelga de hambre del protagonista y también a dos años de la película que se hizo sobre el caso- la Corte Suprema resolvió anular la condena por falta de argumentos.

La Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal recibió ayer el fallo de la Corte y se abocó a revisar esa sentencia para adecuarla a lo resuelto por el máximo tribunal.

Con esa resolución en la mano, el abogado Federico Ravina presentó un pedido de excarcelación que el tribunal oral número 14, el mismo que en 2007 dictó la condena a 30 años luego ratificada por Casación.

Los jueces Hugo Cataldi, Rosa Lezcano y Beatriz Bistué de Soler dispusieron conceder la excarcelación, que técnicamente ya está vigente y se concretó esta tarde desde el penal de Marcos Paz.

El fallo de la Corte implica que la condena a 30 años deberá ser nuevamente revisada, teniendo en cuenta lo que dijo la Corte sobre la arbitraria valoración de las pruebas recolectadas y la afectación del derecho de defensa en juicio.