Se sabe que hay más mujeres que hombres, que los delincuentes superan ampliamente a los policías y que en este país los pobres son más que los ricos. Lo que no muchos saben es que la porción mayoritaria de las personas condenadas o procesadas por distintos delitos en la provincia de Buenos Aires no está en la cárcel, como se supone. Según un informe elaborado por el Patronato de Liberados Bonaerense (PLB), apenas el 39% se encuentra alojado en un penal, aislado de la sociedad y cumpliendo una pena de prisión efectiva.
Sobre un total de 61.322 personas penalmente judicializadas en la provincia, 39.500 están bajo la órbita del PLB, mientras que las 21.822 restantes se encuentran actualmente alojadas en las 53 unidades carcelarias que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense (SBP).
Según datos del SPB, 17.118 están procesados con prisión preventiva y apenas 4.704 cumplen una condena efectiva por el delito que cometieron. Además, el informe destaca que 298 detenidos continúan el proceso judicial con arresto domiciliario, controlados por monitoreo electrónico, un sistema que evidentemente no parecería ser tan efectivo.
Esa pequeña fracción es supervisaba por personal del SPB, que se encarga de verificar que el beneficiario no salga del perímetro permitido, pero la otra cuota corre por cuenta del Patronato de Liberados, que actualmente cuenta con 840 asistentes sociales. Ellos son los que periódicamente supervisan la conducta de 39.500 personas. Además, cincuenta psicólogos y cincuenta abogados asisten a los procesados pero sólo en algunos casos puntuales.
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