No es la primera vez que la provincia de La Pampa es noticia por cuestiones vinculadas a la prostitución. Luego de que hace dos semanas el intendente de la localidad de Lonquimay se negara a cerrar un cabaret porque brindaba "contención", ahora se conoció que la Justicia Federal allanó y cerró otros prostíbulos que funcionaban bajo la fachada de "pubs".
En un allanamiento que duró 12 horas, la Justicia detuvo a la dueña del ex cabaret Le Coq Doré -hasta hoy habilitado comercialmente como pub de Santa Rosa-, acusada de regentear al lugar como un prostíbulo. De acuerdo a autoridades judiciales, en el establecimiento se encontró que siete mujeres vendían sus servicios sexuales.
Sin embargo, el acontecimiento que complica seriamente a la detenida es que en los allanamientos se encontró a una adolescente pampeana de 17 años, quien también era explotada para el ejercicio de la prostitución, según informó el portal local. De acuerdo a la página local DiarioTextual.com , también fueron sorprendidos 14 clientes.
"Nos encontramos con un lugar, una suerte de reservado, donde había un sillón. Las chicas servían copas y, además, pasaban a ese lugar para los llamados servicios sexuales", expresó el jefe del operativo Carlos Sanemeterio, segundo comandante de Gendarmería Nacional.
La denuncia penal la efectuó hace un mes la subsecretaria de Políticas de Género de la municipalidad, Mónica Molina, ante el fiscal Marcelo Colombo, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. "Una persona fue la que nos suministró la información de que había una chica menor de edad que era sometida a explotación sexual", señalaron.
Personal de Gendarmería estuvo 15 días recolectando pruebas: entre ellas, filmaciones y fotografías que, a criterio de los uniformados, prueban el delito de trata de personas para la explotación sexual. Le Coq Doréf ue allanado por veinte uniformados de Gendarmería Nacional: cuatro efectivos provenientes de Buenos Aires y dieciséis de General Acha.
El caso de Lonquimay. La semana pasada, la fiscal provincial Alejandra Ongaro había denunciado penalmente al intendente del pueblo de Lonquimay, Luis Rogers (PJ), por incumplimiento de los deberes de funcionario público por defender la existencia de cabaret y decir que eran "lugares de contención espiritual" de camioneros y viajantes.
