Al tiempo que continúan las negociaciones entre la Ciudad y los artesanos de la calle Defensa por su reubicación tras el desalojo ocurrido el pasado 10 de marzo, el titular del Juzgado de N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Gallardo, hizo lugar a un amparo y ordenó al Ejecutivo porteño que otorgue los permisos pertinentes y regularice el funcionamiento de la feria artesanal emplazada en la calle Perú desde el 1 al 135, la denominada Feria de la Legislatura. Este fallo se da en el marco de la causa “Sánchez María Isabel y otros contra GCBA sobre Amparo”.
Según la sentencia, y de acuerdo al portal “iJudicial”, las acciones legales se iniciaron en el año 2011, cuando el GCBA desalojó a los manteros que trabajaban sobre la calle Florida de esta ciudad. Fue entonces cuando los amparistas acudieron a la Justicia para evitar que se les impida continuar con la venta de artesanías y manualidades, actividad que desarrollan desde hace casi dos décadas en esa zona.
El magistrado consideró que “la actitud del GCBA consistente en impedir la continuidad de la labor que desarrollan los artesanos que participan de la Feria de la Calle Perú y, consecuentemente, negarles el otorgamiento de los permisos necesarios para la regularización de su actividad, resulta ilegítima y arbitraria, en tanto atenta contra sus derechos a trabajar y a recibir un trato igualitario”.
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En su dictamen, el magistrado recordó, además, que el trabajo es un derecho y una obligación social protegida por la Constitución porteña en el artículo 43, el cual establece que “la Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo”, señaló.
También sumó a sus argumentos el texto del artículo 32 de la Carta Magna que “(…) protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular; contempla la participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la evaluación de las políticas; protege y difunde su identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones”.
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“No puedo dejar de señalar que la feria artesanal de marras se encuentra a escasos cien metros de los despachos de todos los magistrados que intervenimos en el proceso. Es una de las pocas experiencias judiciales en las que seguimos literalmente ‘a diario’ la evolución de este conflicto”, reconoció Gallardo en su fallo.
El colectivo de feriantes contó con el patrocinio del defensor Ramiro Dos Santos Freire y la defensora general adjunta Graciela Christe.
