La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días difundió un comunicado en el que defendió su proyecto para construir un templo en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de una polémica que involucra a vecinos, autoridades religiosas y dirigentes políticos.
La iglesia se ubica en el barrio de San Nicolás, en una manzana histórica delimitada por San Martín, Viamonte, Reconquista y avenida Córdoba, donde funcionan el Monasterio y la Iglesia de Santa Catalina de Siena, edificios que datan del siglo XVIII y forman parte del patrimonio urbano porteño.
La controversia no es nueva: el conflicto por ese predio se arrastra desde hace más de una década y media, incluso antes de que la Iglesia adquiriera el terreno en 2023, y tuvo distintos capítulos judiciales, incluyendo medidas cautelares que frenaron el proyecto y fallos recientes que habilitaron su avance.
El comunicado busca responder a cuestionamientos sobre el impacto del templo, un complejo que prevé miles de metros cuadrados construidos y que, según trascendió, incluiría un edificio religioso, oficinas y espacios subterráneos.
Uno de los ejes del debate es el posible daño al patrimonio histórico, ya que el terreno lindero habría tenido valor arqueológico e incluso antecedentes de antiguos enterratorios coloniales, según señalaron sectores vinculados a la Iglesia Católica y organizaciones patrimonialistas.
Frente a esas críticas, la institución religiosa aseguró que estudios técnicos no detectaron afectaciones estructurales ni ambientales sobre los edificios históricos cercanos, y sostuvo que el proyecto incluye protocolos de preservación y distancias constructivas superiores a las habituales.
Otro punto sensible es la escala de la obra, que fue calificada por algunos actores como un “megatemplo”, en referencia a su altura y volumen proyectado —que rondaría varias decenas de metros— en una zona protegida por normativas urbanísticas.
La Iglesia, sin embargo, rechazó esa caracterización y afirmó que la denominación responde a una construcción mediática, al tiempo que remarcó que el diseño se ajusta a los parámetros del Código Urbanístico vigente.
El proyecto también generó repercusiones políticas recientes, con intervenciones de dirigentes nacionales que cuestionaron la iniciativa y reavivaron el debate público sobre el uso del suelo en áreas históricas de la Ciudad.
Además, sostuvo que más del 60% del predio estaría destinado a espacios verdes y de acceso público, en un intento de responder a reclamos vecinales que plantean la necesidad de preservar áreas abiertas en una zona densamente urbanizada.
El trasfondo del proyecto también se vincula con el crecimiento de la Iglesia en el país, que cuenta con cerca de medio millón de fieles en la Argentina y presencia desde 1925, con su primer templo inaugurado en 1986 en el conurbano bonaerense.
La institución insistió en que no existe un conflicto religioso con la Iglesia Católica y planteó el debate en términos de convivencia urbana, aunque la discusión pública sigue abierta entre quienes priorizan el desarrollo del culto y quienes advierten sobre la preservación del patrimonio histórico.
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