1. Necesidad de regulación legal
La falta de lineamientos legales claros y concretos atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad. Es necesario que se dicte una legislación clara y específica a nivel nacional y local que regule la producción, distribución y control de la publicidad.
2. Objetivo de la publicidad oficial
La publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población. Debe de ser clara, objetiva, útil y relevante para el público. No debe promover los intereses de ningún partido político ni del gobierno.
3. Distribución no discrecional
Debe establecerse un mecanismo para la contratación y distribución de la publicidad oficial que tenga por objeto reducir la discrecionalidad, evitar la sospecha de favoritismos políticos e impedir actos de corrupción. La asignación debe responder a criterios claros y transparentes (...). La publicidad oficial no debe ser utilizada para premiar a medios afines al gobierno o castigar a los críticos.
4. Descentralización
La responsabilidad por el manejo de la publicidad oficial debería descentralizarse para que no esté sólo en manos de funcionarios nombrados políticamente, como secretarios de medios, sino de organismos o funcionarios técnicos.
5. Transparencia
Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer los gastos efectuados en publicidad oficial. Deben establecerse mecanismos que promuevan la transparencia en el otorgamiento de estos fondos y que garanticen el fácil acceso a esta información por parte del público en general.
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