Procesan a un ex represor de Automotores Orletti

El presunto torturador y ex agente de inteligencia de la SIDE, Eduardo Ruffo, quien actuó en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, fue procesado hoy con prisión preventiva.

El hombre está acusado por delitos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. La medida, que incluyó un embargo de un millón y medio de pesos, fue dispuesta por el juez en lo penal federal Julián Ercolini.

El magistrado responsabilizó a Ruffo por privación ilegal de la libertad y tormentos en 65 casos, entre ellos los de Carlos Santucho, hermano del dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho, y los actores Luis Brandoni y Marta Bianchi.

Entre las presuntas víctimas del torturador – que fue detenido hace un mes en el barrio porteño de Palermo Chico– también se encontraría el hijo del poeta Juan Gelman, Marcelo Ariel Gelman.

Bajo el alias de “Capitán” o “Zapato”, Ruffo se encontraba prófugo de la Justicia y estaba vinculado al fallecido represor Aníbal Gordon, ya que aparentemente habría sido el lugarteniente del también ex agente de la SIDE y miembro de los grupos de tareas de la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina que perseguía y asesinaba a militantes.

Ercolini, quien reemplaza al juez federal Daniel Rafecas en la causa por delitos cometidos en la órbita del Cuerpo I del Ejército durante el período comprendido entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, consideró probado que Ruffo –junto a otros ya procesados por esos hechos–, sometió a los detenidos a “condiciones infrahumanas”.

Según constancias de la causa, los detenidos habrían sido “tabicados” y privados de comunicación con el mundo exterior y entre sí, sujetos a esposas o a otros medios de menoscabo de su libertad, “bajo el temor de ser permanentemente castigados, torturados o asesinados”.

El centro clandestino de detención de Floresta habría servido como centro clandestino de detención de ciudadanos uruguayos ya que, de acuerdo a la pesquisa, la mitad de las víctimas serían de esa nacionalidad. A principios de la década del setenta las dictaduras que gobernaban en América del Sur habrían pactado el denominado “Plan Cóndor” para perseguir a opositores políticos más allá de las propias fronteras.

La “megacausa” por ilícitos cometidos en jurisdicción del Cuerpo I del Ejército, al igual que la que se instruye por hechos registrados en esa misma época en la Escuela de Mecánica de la Armada, se reabrió en septiembre de 2003, luego que el Congreso Nacional anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.