El Ministerio de Justicia de la Nación creó este martes el “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”. La medida se formalizó mediante la Resolución 306/2026 publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de transformar el actual esquema de patentamiento y transferencia de vehículos en todo el país.
A través de esta iniciativa, el Gobierno busca pasar de un modelo basado en la presencialidad, la territorialidad y la documentación física, hacia un sistema digital, interoperable y centrado en abaratar los costos.
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La normativa encomendó a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) -dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana- la tarea de presentar un cronograma de implementación en un plazo de 30 días corridos.
El porqué de la reforma, según el Gobierno, radica en la necesidad de optimizar los recursos públicos, reordenar progresivamente el sistema registral, disminuir los tiempos de gestión y cambiar de manera estructural la forma en que se cobran los aranceles vigentes.
Cómo se aplicará la digitalización de los registros automotores
La iniciativa oficial se estructurará formalmente sobre tres ejes fundamentales: en primer lugar, la transformación digital del Sistema Registral Automotor; en segundo término, la evolución institucional de la Dirección Nacional y de los Registros Seccionales; y finalmente, la implementación, adecuación normativa y consolidación del nuevo sistema registral.
Según el texto de la resolución, esta reforma le dará continuidad y profundizará herramientas que ya se venían implementando de forma preliminar, tales como el Legajo Digital Único (LDU), el Certificado Digital Automotor (CDA), el sistema RUNA y el RUV.
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El anexo del decreto aclara expresamente que la transición no afectará la atención vigente de manera abrupta: “La ejecución del plan se desarrollará de manera gradual, garantizando en todo momento la continuidad del servicio, la preservación de la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los usuarios”.
Cuáles son los objetivos y el impacto en los conductores
El Ejecutivo detalló de manera pormenorizada cuáles son los principales resultados que se esperan obtener a partir de la aplicación progresiva de esta normativa en todo el territorio nacional: Simplificación y reducción de trámites registrales - Digitalización integral de procedimientos - Digitalización de la documentación registral - Eliminación progresiva del soporte papel - Fortalecimiento de la capacidad de control de la DNRPA - Reducción de costos operativos - Disminución de tiempos de gestión - Mejora de la experiencia de los ciudadanos - Incremento de la transparencia y trazabilidad de las operaciones.
"La visión final del presente plan consiste en consolidar un Sistema Registral Automotor Digital Integrado, capaz de brindar servicios registrales completamente digitales, accesibles desde cualquier punto del país, sustentados en documentación electrónica, interoperabilidad estatal y mecanismos avanzados de supervisión y control”, concluye el documento oficial, asegurando que el proceso modernizará la estructura institucional para las próximas décadas manteniendo las fortalezas históricas del sistema local.
Eliminar o reducir: las promesas del Gobierno contra "el curro" de los Registros
Ya desde la campaña, el Gobierno libertario habló de la eliminación o un recortte drástico del sistema. El nuevo plan digital tiene un antecedente en las medidas que tomó el Ejecutivo hace dos años. En 2024, el Ministerio de Justicia que por entonces estaba a cargo de Mariano Cúneo Libarona dio de baja a 130 registros automotores que llevaban más de dos años intervenidas, con la meta de reducir un 40% de las dependencias para eliminar trabas burocráticas.
Aquella reforma inicial incluyó también una reducción del 30% del personal del área mediante jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios.
Desde el inicio de su mandato, Javier Milei había calificado a los registros automotores como "un curro de la casta" ligado a "favores políticos", impulsando su desregulación en el mega DNU 70/2023. En sintonía con ese diagnóstico, hace dos años ya se había eliminado el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) ante la AFIP y la obligatoriedad de la "cédula azul", habilitando la libre circulación con la sola presentación física o digital de la cédula verde.
La digitalización total dispuesta ahora llega además tras la controversia que se había generado en aquel entonces, cuando el Gobierno debió revertir un fuerte aumento de aranceles registrales que alcanzaba hasta el 320%.
MEG/LT