Tras la publicación, el viernes, del protocolo nacional para garantizar la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), anunciado por el ministro de salud Ginés González García, varias de las provincias y distritos que aún no adhieren a nivel oficial ya comenzaron a pronunciarse sobre si seguirán una normativa que contempla los derechos de las mujeres y personas gestantes en los casos ratificados en el artículo 86 del Código Penal, y avalados por la Corte Suprema a través del fallo F.A.L.
El texto determina los lineamientos de salud pública que implica su aplicación. Es decir, especifica que, para acceder a la ILE, las mujeres y personas gestantes deberán firmar una declaración jurada que determine las causales y dar su consentimiento informado. También trata la objeción de conciencia pero determina que puede ejercerse “siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente”.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, dijo ayer que “vamos a estudiar” el nuevo protocolo para abortos no punibles firmado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y señaló que “las ILE se practican en centros de salud provinciales”.
Tucumán es una de las provincias, junto con Santiago del Estero y Corrientes, que figuran sin protocolo propio ni adheridas al nacional. En agosto de 2018, la Legislatura tucumana, por mayoría, declaró a la provincia “provida”. En tanto, fuentes del gobierno porteño aseguraron a PERFIL que la Ciudad de Buenos Aires, donde el protocolo tampoco está implementado aún, “está evaluando el tema” a través de una mesa de expertos, que podrían determinar una precisión acerca de la medida “durante la próxima semana”.
Negativa. En tanto, el Partido Demócrata Cristiano porteño presentó el viernes un amparo con medida cautelar contra la resolución 1/2019 que lleva la firma del ministro de Salud Ginés González García. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3 del Dr. Santiago Carrillo.
En la presentación, los representantes de la fuerza solicitan que se haga lugar “a la medida cautelar de no innovar” y que se ordene “la inmediata suspensión de la Resolución 1/2019”, de la que solicitan también que se la deje “sin efecto de inmediato por inconstitucional e ilegal”. “Esto es un infanticidio y podría ser considerado aborto legal”, declaró el secretario del Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad.
