El tiempo, esta vez, se detuvo y dejó de correr a favor de los acusados. El mayor caso de presunto abuso sexual de menores de la Iglesia Católica en la Argentina avanzó el último miércoles en los tribunales de La Plata para destrabar el posible cierre de una de las causas judiciales contra el Instituto Provolo para niños sordos. El juez Eduardo Silva Pelossi determinó que los delitos denunciados por los ex alumnos del internado platense no están prescriptos. Así consta en un documento judicial.
Los delitos presuntamente cometidos por religiosos y personal laico de la escuela de La Plata habrían ocurrido durante las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, las presentaciones ante la Justicia se hicieron a partir de 2016. El juez entendió que los tratados internacionales protegen los derechos de los niños y niñas y de las personas con discapacidades, especialmente frente a la gravedad de los hechos denunciados: violación de menores, abuso sexual agravado y corrupción de menores, tormentos y reducción a la servidumbre, presuntamente ejercidos por los acusados durante décadas y ante la inacción de la Iglesia, el Vaticano y el Estado argentino, de acuerdo con las declaraciones a las que tuvo acceso este medio.
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El magistrado se pronunció ante un planteo del abogado de uno de los acusados: el celador y profesor de informática, José Angel Britez, procesado con prisión preventiva por los presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado y corrupción de menores agravada. El abogado de Britez explicó a PERFIL que su cliente dice ser inocente y que los hechos que se le endilgan a su defendido habrían transcurrido entre 1982 y 1991, y que debido al paso del tiempo, los supuestos delitos estarían prescriptos. Ante la fiscal del caso, Cecilia Corfield, Britez se negó a declarar, confirmaron fuentes de la causa.
Corfield había solicitado al juez Silva Pelossi que rechazara este planteo de prescripción y permitiera continuar la investigación. La UFI número 15 que dirige contactó por medio de las redes sociales a decenas de ex alumnos del Provolo de La Plata. “Muchos contestaron pero dijeron que habían dado vuelta la página, que habían formado familia y una nueva vida y que no querían declarar. Otros pocos se presentaron”, contó la fiscal. Entre ellos, Daniel Sgardelis, principal denunciante de Britez, y Lisandro Borelli, quien apuntó al religioso Eliseo Pirmati y dos monjas no identificadas aún. Ambos denunciantes accedieron a que sus nombres fueran publicados.
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Al igual que la fiscal, el juez entendió que la Convención de los Derechos del Niño aprobada en el país por ley en 1990 ubica los derechos de los menores abusados y discapacitados por encima de los planteos de una prescripción. Además, se basó en la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), a la que también adhirió la Argentina. “Sin perjuicio de las posteriores reformas legislativas relacionadas con la prescripción”, el juez entendió que el Estado argentino ya había adherido a los tratados internacionales y se había comprometido a hacerlos ley.
El magistrado también destacó las Observaciones Finales sobre el Segundo Informe Periódico de la Santa Sede (Vaticano), aprobado por el Comité de los Derechos del Niño: “Los presentes sucesos –sostuvo– pueden eventualmente considerarse como flagrantes violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
El fallo resaltó la dificultad de los denunciantes sordos para poder revelar los abusos que habrían recibido de pequeños. En el Provolo, a los niños no se les enseñaba lenguaje de señas, contó el abogado Sergio Salinas, representante de las víctimas desde la ONG Xumek. El abogado de Britez dijo que apelará la decisión y que el fallo afecta el “debido proceso de defensa garantizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Alberto Bochatey, interventor del Provolo nombrado por el papa Francisco, dijo que la Iglesia espera que la Justicia “llegue a la verdad”.
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