“ En situaciones de maltrato infantil en muchos casos existe un reclamo al psicólogo para que deje de atender al niño. Entonces se le hace una demanda de daños y perjuicios y hasta se lo amenaza con acciones penales para intimidar a quien avala científicamente una denuncia de maltrato y abuso. Esto es algo que el año pasado creció de un modo asombroso”, advierte el abogado Juan Pablo Viar.
Una psicóloga con varias de estas demandas “ a medida” explica: “ Nuestras propias aseguradoras no nos cubren, porque los juicios son por delitos como falsificación o calumnias”. El resultado está comenzando a verse: “ Esto es grave porque hay mucha gente experimentada que se está retirando”, advierte Viar.
Esto puede cambiar, de aprobarse la ley federal de denuncia por violencia familiar –un proyecto coordinado por Eva Giberti–, que prevé un resguardo para los profesionales que diagnostican. Los mismos que están obligados por ley a denunciar hasta la sospecha de un abuso.
