Lo que hace un tiempo parecía imposible podría convertirse ahora en una realidad: Carlos Eduardo Robledo Puch (64), el asesino más cruel y despiadado de la historia criminal argentina, podría dejar la cárcel después de 44 años de encierro. Es que un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense le ordenó a un juez de ejecución que el múltiple homicida pase a un régimen menos riguroso para que “se vaya preparando para la vida en liberad”.
El Ángel Negro o de la Muerte –como se lo bautizó en la década del 70– está preso en el penal de Sierra Chica desde 1977. Actualmente, ocupa una celda del pabellón de homosexuales, aunque no tiene pareja.
“Frente al tiempo que lleva detenido, corresponde establecer que el juez de ejecución deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de propender a la paulatina y controlada inclusión del interno en la etapa siguiente –régimen de prueba– al sistema de ejecución de la pena que viene cumpliendo, permitiendo la progresión de su situación carcelaria en un ámbito cerrado a otro menos riguroso que lo vaya preparando para la vida en libertad”, sostiene la resolución, publicada por el diario El Día de La Plata, al hacer lugar en forma parcial al planteo formulado por el defensor de Casación, Ignacio Nolfi.
El 27 de noviembre de 1980, la Sala I de la Cámara Penal de San Isidro condenó a Robledo Puch a perpetua con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, y a partir de esta decisión estuvo detenido desde el 3 de febrero de 1972 hasta el 8 de julio de 1973 –se fugó dos días–, y tras ser capturado permanece detenido. Según el cómputo de pena practicado –el cual se encuentra firme–, Robledo Puch había cumplido 25 años de reclusión el 12 de julio de 1995.
Tras más de 43 años de encierro, en agosto de 2015 Nolfi interpuso un recurso extraordinario ante la Corte bonaerense y solicitó la libertad por agotamiento de pena, con el argumento de que, “luego de una vida de encierro –más de dos tercios de aquella–, los jueces intervinientes mantienen a Robledo Puch en un limbo de indeterminación, constituyendo esto un tormento, algo prohibido expresamente por nuestra Constitución –art. 18–”.
Sostuvo la existencia de “una denegatoria sistemática por parte del Estado de otorgar cualquier beneficio liberatorio en favor de Robledo Puch” y remarcó que “la demora estatal en brindar una respuesta efectiva a la pretensión liberatoria de mi asistido implica un supuesto de gravedad institucional, que conllevará responsabilidad internacional del Estado nacional, ello por cuanto del análisis circunstanciado de las distintas decisiones recaídas se advierte una pretensión –innegable– de mantener ‘sin plazo’ a mi defendido aislado de la sociedad”.
Ahora, la Suprema Corte, con el voto de los jueces Daniel Soria, Hilda Kogan, Héctor Negri y Eduardo Pettigiani, “rechazó el pedido de agotamiento de pena, y la pretendida inconstitucionalidad de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado”. Precisó que “la pena a perpetuidad no es ‘para siempre’, ya que el propio Código Penal establece en el art. 13 las condiciones para la condicional, y la ley de ejecución también permite el ingreso del condenado bajo tal modalidad al régimen de progresividad, permitiendo su preparación para la libertad”.
