El abogado Martín Sarubbi, que representa a la familia del paciente que pidió ser tratado con dióxido de cloro para enfrentar su grave cuadro de coronavirus, apuntó contra el Sanatorio Otamendi por demorar dos días en proceder a la administración de la sustancia. El letrado va a denunciar al centro asistencial por presunta desobediencia de la orden del juez federal Javier Pico Terrero y homicidio culposo por no acatar la medida judicial.
"Durante esta mañana vamos a radicar una denuncia en el fuero penal para que se investigue la posible comisión del delito de homicidio culposo, pero también por la desobediencia en la que incurrió el Sanatorio Otamendi", manifestó Sarubbi al ser entrevistado por el canal C5N.
El caso
El 7 de enero, el juez federal subrogante hizo lugar a un pedido del hijastro de Oscar García Rúa, de 92 años, y a través de una medida cautelar obligó al Sanatorio Otamendi a administrarle nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro, terapia que fue recetada por su médico personal, Dante Converti (MN: 50.660). Profesionales de la salud acusaron de mala praxis al magistrado por el fallo.
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El Otamendi apeló a esa medida cautelar, pero aclarando que ese acto no quedaba bajo su responsabilidad, permitió la administración de ibuprofeno inhalado por parte de un médico externo al centro asistencial, droga que fue provista por los familiares del paciente, según pudo averiguar PERFIL.
La familia del paciente presentó un recurso de amparo que fue aprobado por el juez. El Sanatorio Otamendi apeló a ese fallo, pero luego el magistrado lo ratificó por lo que se procedió a administrarle la polémica sustancia. Ayer lunes 11 de enero, el hombre finalmente falleció tal y como informó este medio en exclusiva.
La Justicia no fue por sobre la medicina, sino que tuvo en cuenta el informe médico del doctor Converti y estrictas razones humanitarias, (Martín Sarubbi, abogado del paciente)
En ese marco, Sarubbi subrayó que "la Justicia no fue por sobre la medicina, sino que tuvo en cuenta el informe médico del doctor Converti y estrictas razones humanitarias". "Inicialmente, una vez que el juez autorizó la realización de la práctica, el Sanatorio Otamendi se negó a llevarla a cabo. El centro apeló, pero estaba obligado a oír la manda judicial", señaló el letrado.
El abogado aseguró que cuando se inició el tratamiento con dióxido de cloro García Rúa registró "una franca mejoría en el compromiso pulmonar en lo que tenía que ver con el cuadro de covid". "Según la historia clínica, a partir del tratamiento con ibuprofeno y dióxido de cloro comenzó a saturar (oxígeno) correctamente, alrededor del 98%", agregó.
La familia del paciente va a pedir la autopsia y el allanamiento y secuestro de la historia clínica.
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En tanto, su par Emiliano Buranello, que también asesora legalmente a la familia del paciente fallecido, se refirió al hecho de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) desaconsejó su utilización ante casos positivos de coronavirus al sostener que "una cosa es no recomendar y otra es prohibir".
Denuncia cruzada
Mientras la familia del paciente avanza contra el sanatorio, el abogado Vadim Mischanchuk denunció al juez por su fallo. "Ya estaba radicada la denuncia, lo que pido es que se investigue la conducta desplegada con el magistrado a ordenarle a un equipo de médicos que aplique un pseudo tratamiento que no tiene la aprobación ni de la ANMAT, ni del Ministerio de Salud", argumentó el letrado.
"Si un médico aplica un tratamiento que no está aprobado se expone a un juicio de irresponsabilidad profesional, y si el paciente fallece lo pueden acusar del homicidio culposo. Entonces, acá me parece que hay una contradicción. O nos atenemos a lo que dice la autoridad sanitaria o entramos dentro de lo que es los ensayos clínicos y el uso compasivo", insistió Mischanchuk.
En esa línea, el abogado afirmó que hay que estudiar si se cumplieron los requisitos marcados por la Declaración de Helsinki, promulgada por la Asociación Médica Mundial, previo al fallo del magistrado. El letrado consideró que la situación se dio ante una desesperación por parte de la familia, pero que ante este tipo de escenarios hay que ser "cautos" porque sino "exponemos a la población al uso de todo tipo de sustancias".
B.D.N.MC