Casi 60 personas permanecían en la mañana de este martes 31 de agosto en la toma de un terreno del ferrocarril en Barracas, en la zona del barrio 21-24, en reclamo de una solución habitacional y lentamente cumplen con la orden de desalojo pacífica firmada por el juez Daniel Rafecas.
Mientras las familias continuaban a la espera de que se abra una mesa de diálogo con el gobierno para exigir que se les cumpla el derecho a la vivienda, ni Nación ni Ciudad tenían intenciones de negociar “con un delito federal en curso”.
La toma comenzó sobre fines de la semana pasada luego de conocerse la noticia de la trágica muerte de una adolescente arrollada por un tren de cargas que atraviesa la barriada y mantiene en una situación de permanente riesgo a quienes viven en la zona. Eso motivó a que decenas de familias decidieran ingresar a un terreno tras saltar un paredón y colocar carpas y casillas.
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El panorama de la toma
Se trata de un predio ubicado en cercanías a las calles Luna y Lavardén, lindero a las canchas de Barracas Central y propiedad de la Administradora de Infraestructura de Ferrocarriles (ADIF), es decir, del Estado nacional.
“Entraron unas 80 personas pero con el pasar de los días se fue desinflando la toma a raíz de la prohibición de ingreso”, dijo a PERFIL una fuente gubernamental que interviene en la delicada situación.
Si bien la situación tuvo momentos de tensión debido a que días atrás la policía había impedido el ingreso de alimentos y artículos esenciales para que puedan pasar los días allí. Sin embargo, durante esta mañana, y luego de la orden de desalojo firmada por la Justicia Federal, el clima de tensión bajó y se tranquilizó, aunque el reclamo persiste.
“En este momento hay entre 55 y 60 personas, anoche se fueron 10. Lo sabemos porque constantemente se hace un conteo de quienes están en el predio usurpado. Está permitido el ingreso de elementos de subsistencia como agua, comida o pañales, entre otros”, supo PERFIL. Por el contrario, no se permite “el ingreso de elementos de construcción o acampe”.
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Negociación entre Nación y la Ciudad
El juez Rafecas, a cargo de la causa, firmó en la tarde del lunes la orden en la que instó a las fuerzas federales a desalojar el predio. El magistrado hizo hincapié en que su pedido se cumpla con un estricto cuidado y en términos pacíficos debido a que en el lugar se encuentran decenas de niños y niñas menores de edad, lo que agrava la complejidad de la situación.
En ese mismo pedido, el juez reclamó que se garantice una reunión entre ambos gobiernos. “Hoy al mediodía también se reunirán funcionarios del área de Seguridad de Nación y la Policía Federal en el Juzgado. Allí le van a informar la situación al juez que interviene, pero difícilmente salgan novedades de allí”, admitió una fuente consultada.
Desde que se labró la orden de desalojo, la Policía ejecutaba en el lugar maniobras para persuadir a las personas que participan y, de ese modo, intentar desactivar el conflicto lo antes posible. Respecto a la negociación entre los gobiernos de ambas jurisdicciones, admiten que no se van a sentar a acordar “con un delito en curso” por lo que “los ocupantes primero deben dejar el predio tomado y después se verá”.
Desde el entorno del juez que firmó la orden aseguraron que no hay apuro en que se lleve a cabo el desalojo. “Su prioridad es que se evite todo tipo de violencia o uso de la fuerza debido a la presencia de niños. El mensaje es firme: deben abandonar el predio”, indicaron más temprano.
De todos modos remarcaron que las intenciones de sentarse a dialogar entre los gobiernos nacional y de la Ciudad están latentes. Una de las motivaciones es evitar que se repita una escena que quedó resonando durante mucho tiempo, como fue el violento desalojo de la toma en Guernica, provincia de Buenos Aires, ocurrida hace casi un año.
El contexto de la toma
En el predio ubicado en Barracas, a escasos metros del estadio de Huracán, las familias ubicaron sus carpas y se instalaron hace casi una semana pidiendo que les den acceso a un lugar para vivir por el que puedan pagar.
El escenario se vuelve llamativo al observar que de fondo asoman unas torres Procrear que están deshabitadas, aunque, según Nación, ya fueron adjudicadas.
Desde el Gobierno de la Ciudad indicaron que allí estaba previsto el inicio de obras de agua potable en convenio con AySa “para poder proveer de servicio a los vecinos del barrio 21-24”.
“Por ello resulta de vital importancia disponer del predio que fue tomado de manera ilegal por este grupo de personas”, agregaron desde el Ministerio de Vivienda y Hábitat de la Ciudad.
Voceros de la toma se quejaron públicamente de la falta de respuestas respecto de una vivienda digna y de la situación que se vive en el barrio 21-24 debido a la carencia de infraestructura como agua y cloacas. Desde el Gobierno de la Ciudad sostienen, en cambio, que “actualmente se encuentra en ejecución un programa de acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
En ese marco, señalaron que “el Instituto de la Vivienda construyó 915 viviendas y llevó adelante la relocalización de 699 familias entre 2019 y 2020 a los conjuntos de Ribera Iguazú, Valparaíso, Osvaldo Cruz y Alvarado”.
En relación a quienes viven en lugares pegados a las vías del ferrocarril, dijeron que “fueron en su mayoría relocalizadas a viviendas nuevas y se realizaron demoliciones de las viviendas antiguas”.
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