Este miércoles se cumple un año de la muerte del niño de seis años Ezequiel Ferreyra. La asamblea y cooperativa La Alameda y los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), denunciaron que Ezequiel "murió victima del trabajo infantil desde los cuatro años en una de las granjas de la empresa avícola Nuestra Huella". Hoy, exigen Justicia y la revocatoria del sobreseimiento dictado.
Según las denuncias realizadas por las distintas organizaciones, Ezequiel trabajaba "explotado entre el guano y la sangre de las gallinas y donde frecuentemente manipulaba agrotóxicos peligrosos para la salud".
Sin embargo, el 12 de octubre pasado el Juez Federal de Zarate-Campana, Adrián Charbay, resolvió sobreseer a los dueños de la empresa avícola Nuestra Huella (Leticia Luace, Alejandra Lopez Camelo y Lucia Peressa) por los delitos de "trata de personas" y "contaminación del suelo de un modo peligroso para la salud".
Días previos, Charbay rechazó la causa 2199/08 que le remitiera el Juzgado de Garantías en lo penal de Campana en la que se acreditaba luego de tres años de investigación, la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral en Nuestra Huella. "Charbay rechaza el expediente, desestima lo que otros jueces ya juzgaron y se saca de encima las contundentes pruebas, para luego facilitar el sobreseimiento de los directivos de la empresa", declara el comunicado de La Alameda.
La Alameda, como querellante de las victimas, apeló el sobreseimiento. Pero Charbay rechazó la segunda apelación y la ONG volvió a presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de San Martín que ahora concentra en sus manos la resolución de las dos causas que investigan a la empresa.
Perfil.com se comunicó con los responsables de la empresa "Nuestra Huella", pero no aceptaron hablar sobre el tema. "No hablamos ni nos pronunciamos nunca sobre el tema, y tampoco lo vamos a hacer ahora, dejamos que lo maneje la Justicia", comentaron.
A raíz del caso, este miércoles los trabajadores y las organizaciones denunciantes se movilizaron ante la Cámara Federal de San Martín para pedir la revocatoria a los sobreseimientos dispuestos por el Juez Federal y las garantías de que se investigará con imparcialidad y habrá juicio y castigo a los culpables.
El origen y las pruebas remitidas en la causa. En marzo de 2008 un allanamiento del Juzgado Penal de Campana encontró en una de las granjas a los trabajadores y niños esclavizados, en viviendas precarias, entre el veneno, la sangre y el guano y rodeados de una alambrada electrificada para que no se escapen del lugar. En septiembre de 2008, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, multó a la empresa en un millón de pesos por detectarle trabajo infantil en 30 granjas. A su vez, la Fiscalía Antitrata Nacional realizó una investigación propia que también derivó en otra denuncia contra la empresa, pero que también recayó en el Juzgado de Charbay. Incluso, el INADI, un mes después, remitió asimismo pruebas sobre trata de personas en la empresa.
Video realizado por La Alameda con parte de las pruebas:
