En Tucumán, la Legislatura de esa provincia avanza en un proyecto de ley que busca prohibir el aborto en casos de violación, pese a que se trata de una de las dos causales por las que se considera no punible hace cien años.
Así y todo, 29 diputados provinciales, que integran más de la mitad de la Cámara, ya anticiparon su voto a favor de la iniciativa que fue presentada por el peronista Marcelo Caponio.
El escrito presentado establece “la prohibición de discriminar al niño por nacer en ‘niños deseados’ o ‘no deseados’” y considera como “violencia” por parte de la mujer la inducción de un aborto. Algo inédito en el país, ya que el Código Penal establece desde 1921 que el aborto se autoriza bajo causales, es decir, cuando corre riesgo la vida de la madre, y cuando se trata de una violación. Esto último fue ratificado en 2012 por un fallo de la Corte Suprema de la Nación, conocido como el fallo F.A.L., donde el máximo tribunal dejó en claro su legalidad al avalar la interrupción del embarazo de una adolescente que había sido violada por su padrastro. Sentó así las bases para la interpretación del artículo 86. Y tras eso, el Ministerio de Salud de la Nación instó a todas las provincias a elaborar protocolos de atención para los casos de aborto no punible, algo que, pese a los requerimientos, aún no se da en todo el país.
En agosto, los legisladores tucumanos ya habían manifestado su postura contraria al aborto al votar un proyecto que declaraba la provincia “provida”. También cuentan con el Día del Niño por Nacer en su calendario. El argumento de esta iniciativa es que el aborto está en contra de los principios de las constituciones nacional y provincial.
En un comunicado, organizaciones como Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas), Centro de Estudios Estados y Sociedad (Cedes) rechazaron la iniciativa, la cual “evidencia un absoluto desconocimiento del derecho”.
Penas a quienes los impidan. Mientras tanto, y completamente contrario a lo que se busca impulsar en Tucumán, diputados nacionales de bloques del oficialismo y de la oposición presentaron otro proyecto que propone reprimir con penas de 3 meses a un año de prisión para quienes ejerzan violencia física o moral sobre las autoridades o los profesionales de los establecimientos de salud, y de uno a 3 años de prisión si esas acciones tuvieran como objetivo impedir una práctica de interrupción legal de un embarazo en casos no punibles, como sería en un caso de violación.
El proyecto hace referencia al hecho sucedido el mes pasado en el Hospital Rivadavia, cuando militantes “provida” se autoconvocaron en el lugar para impedir esa práctica, pese a su legalidad.
El proyecto lleva la firma de los diputados Daniel Lipovetzky, Cecilia Moreau, Lucila De Ponti, Breda Austin y Victoria Donda.
